El giro verde del mayor fondo soberano del mundo puede convertirse en una enorme oportunidad para España dentro del plan de impulso de las energías renovables proyectado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

El Parlamento noruego aprobó el miércoles la desinversión en compañías petroleras y carboneras del fondo nacional de pensiones, con una cartera superior al billón de dólares repartida en 9.153 compañías cotizadas y 73 países. La decisión liberará cerca de 11.000 millones de euros invertidos en grupos dedicados al crudo -la mayor parte situados en EEUU- que el fondo prevé reconducir al sector de las renovables.

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La maniobra supone una revolución en el ámbito energético global ya que el propio fondo de pensiones ha crecido durante las tres últimas décadas al calor de las explotaciones petrolíferas del país en el Mar del Norte. Ahora, sus gestores consideran que el precio del crudo irá a la baja en las próximas décadas por su menor consumo y optan estratégicamente por invertir en otras fuentes de energía al alza en el mundo occidental. Y es aquí donide España tiene más que ganar que perder.

El país no dispone de producción de crudo relevante -el único campo situado en Tarragona abastece un 0,4% de la demanda anual- y su única gran empresa cotizada en el sector es Repsol. Sin embargo, el grupo que preside Antonio Brufau ha quedado fuera de la lista negra de grupos vetados por Noruega tras iniciar un proceso de reconversión en una compañía «energética global» con activos en el negocio eléctrico y sin emisiones de CO2.

Por otro lado, varias de las principales compañías líderes en el desarrollo mundial de energías renovables son españolas. El fondo noruego ya ostenta importantes participaciones en el accionariado de grupos como Iberdrola (1.540 millones de dólares), la propia Repsol (369 millones), ACS (233 millones), Naturgy (233 millones) o Endesa (180 millones), todos ellos promotores de instalaciones eólicas o solares que se sitúan ahora con más fuerza que nunca en el radar de Oslo.

La otra gran diana de la entidad será la financiación de la construcción de nuevos proyectos renovables en mercados desarrollados, como es el caso español. El plan de clima y energía presentado recientemente por el Gobierno a Bruselas como hoja de ruta de la transición energética prevé la instalación de 50.000 megavatios nuevos de potencia verde hasta 2030, con una inversión acumulada de próxima a los 50.000 millones de euros. No obstante, será la clave la estabilidad jurídica que sea capaz de transmitir el Ejecutivo de Pedro Sánchez para atraer inversores tras los últimos recortes retributivos en el sector y sus consiguientes pleitos en el Ciadi.

El Fondo de Pensiones noruego fue creado en 1990 para invertir a largo plazo los ingresos del petróleo en la economía noruega. Norges Bank administra el fondo en nombre del Ministerio de Finanzas, que determina la estrategia de inversión del fondo en función de las órdenes del Parlamento y los asesores del propio banco. El fondo está presente en el capital de 9.000 empresas y supone una participación del 1,3% en el total de grupos cotizados del mundo. Su movimiento desencadenará una oleada de reacciones en los distintos mercados y obligará a otros grandes fondos soberanos a replantear su estrategia de inversión.

«Noruega tomó en gran medida esta decisión de desinversión basada en una lógica financiera, ya que su economía está expuesta a la nueva realidad del riesgo estructural de una caída secular de los precios del petróleo y el gas», explica Mark Lewis, director global de Sustainability Research en BNP Paribas Asset Management. «La multimillonaria sustitución de los combustibles fósiles por energías renovables por el mayor fondo soberano del mundo envía una clara señal al resto del mercado. Otros inversores tomarán nota cuando un fondo construido sobre petróleo muestre que el futuro está en la energía limpia», subraya Stephanie Pfeifer, consejero delegado del Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC).

Fuente: elmundo.es

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