El secretario de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, ha asegurado que con la reforma de la Ley de Costas, el Gobierno tiene el “marco normativo y la voluntad de que no vuelva a haber un Algarrobico”.

En una entrevista con Europa Press, Ramos de Armas ha subrayado que con la reforma de la Ley “esto no va a volver a pasar” y ha añadido que a su llegada a este departamento, se han encontró con “situaciones de paralización injustificada de algunas mejoras que tenían todo el sentido que se produjeran”, mientras que otras obras que “nunca debían haberse permitido”, con la Ley de 1988 se han acometido “a la vista, ciencia y paciencia de todos, como (el hotel) el Algarrobico”.

“Esto con la reforma de la Ley ya no va a volver a pasar. Tenemos el marco normativo y la voluntad de que no vuelva a haber un Algarrobico”, ha insistido.

Respecto a las críticas al Gobierno precisamente por esta ley, algunas de las cuales han llevado a organizaciones ambientales a elevar estas críticas ante la Unión Europea, Ramos considera que son “infundadas, inexactas y tendenciosas” porque lo que pretende la reforma es “solucionar problemas que con la ley vigente de 1988 no se habían resuelto”.

En todo caso, ha afirmado que “no se va a poder poner un ladrillo más donde antes no se podía” porque se guardan las mismas distancias que había, con la coordinación de otras legislaciones, como la de agua, con el Registro de la Propiedad, y con el Catastro. Además, ha defendido que la nueva Ley de Costas, que estará aprobada antes de verano, tiene dos objetivos: conservar el litoral y dar seguridad jurídica.

Concretamente, el secretario de Estado ha afirmado que el litoral es “uno de los elementos más valiosos del Medio Ambiente” en España, pero la reforma trata también de aportar “seguridad jurídica a quienes se relacionan con el litoral, algo que no es incompatible”.

A su juicio, se puede proteger el litoral y además “no engañar o no generar perjuicios injustificados” a propietarios, arrendatarios, empresarios de sectores tan relevantes para España como el turismo, de los que ha dicho que “también merecen una protección y una consideración”.

Santoña. Foto de Nicolás Pérez Wikimedia Commons

En todo caso, ha manifestado que la reforma ha sido “bastante bien acogida” ya que da respuesta a muchas personas y ha recordado que cuando ocupó su cargo hace poco más de un año, se encontró con más de 20.000 expedientes sin responder. Asimismo, ha justificado la prioridad que el Ministerio ha dado a la reforma de la ley porque en materia de costas se encontraron con deslindes “a veces injustificados y líneas extrañas y había que dar una homogeneidad y una mejor justificación al sistema”.

“Más de 10.000 concesiones vencen en 2018 y había que darles una respuesta. Estará aprobada en este periodo de sesiones y por lo tanto, antes de verano tendremos un marco más estable que en 1988″, ha vaticinado.

Más de cien quejas contra la Ley en el Parlamento Europeo

El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo (PE) ha recibido más de un centenar de quejas contra la reforma de la Ley de Costas lo que ha motivado la creación de un grupo de trabajo específico sobre el asunto y la visita a España de dos europarlamentarias del mismo.

Angelika Werthmann (austríaca, del Partido Liberal) y Margrete Auken (danesa, de Los Verdes) se han reunido hoy en el Congreso con diputados de cinco grupos parlamentarios de la oposición y, más tarde, con portavoces de las cinco principales organizaciones ecologistas.

Tras los encuentros, las parlamentarias han declarado a Efe que su impresión es que la reforma legislativa, que en breve aprobará el Congreso, no tiene como objetivo proteger el litoral ni proporcionar más seguridad jurídica a los pequeños propietarios sino “abrir la puerta a un nuevo boom de la construcción en la costa”.

“La modificación de la Ley de Costas es inaceptable, y creemos que va contra el interés ciudadano”, ha subrayado Werthmann, quien ha denunciado que la reforma “se ha llevado a cabo con falta de transparencia y sin la debida participación de la ciudadanía”.

En esa línea, la parlamentaria danesa ha criticado que el Gobierno no haya consultado al grupo de trabajo sobre la Ley de Costas española, a pesar de que menciona uno de sus informes en el preámbulo de la nueva ley.

Posible incumplimiento de 5 directivas europeas

Auken ha asegurado que sospecha que la reforma que promueve el Gobierno pueden incumplir “hasta cinco directivas europeas”.

Por este motivo, las europarlamentarias han avanzado que si su aprobación se lleva a cabo sin cambios sustanciales, la Comisión de Peticiones del PE solicitará una comparecencia de la Comisión Europea y de la autoridades españolas para investigar posibles incumplimientos del derecho comunitario.

Fuentes de las cinco principales ONG ecologistas nacionales, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, han explicado que sus portavoces en materia de costas han alertado a las parlamentarias de la “inseguridad jurídica y la vulnerabilidad” que, a su juicio, traerá la reforma de la Ley de Costas.

Los ecologistas les han transmitido que la nueva norma legaliza construcciones ilegales y reduce la zona de servidumbre a proteger; que no tiene en cuenta las previsiones de impacto climático en el litoral identificadas por los científicos, y que no ha seguido los convenientes procesos de transparencia con la sociedad civil.

Fuentes: Europapress y EFEverde

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