Dos ingenieros españoles fueron contratados por el Estado peruano para hacer una evaluación del estudio de impacto ambiental del proyecto minero Conga, en la región norteña de Cajamarca, según confirmaron fuentes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

El diario limeño La República había adelantado hoy que los españoles Luis López García y Rafael Fernández Rubio firmaron contrato con la PCM el 1 de febrero pasado y que solo falta que el geólogo portugués José Martins Carvalho haga lo propio para completar el equipo de peritos.

El peritaje a Conga, proyecto cuestionado por los supuestos daños irreversibles que causará en las reservas de agua de la zona, le costará al Estado peruano 647.168,40 soles (unos 239.000 dólares), según La República.

El estudio de impacto ambiental fue aprobado en octubre de 2010, pero debido a las protestas en la zona, el Gobierno acordó realizar un peritaje en diciembre pasado.

Movilizaciones en contra del proyecto de la Mina. Foto: http://sinpatronesperu.blogspot.com

El Ejecutivo ha señalado en múltiples oportunidades que la demora para dar a conocer la identidad de los especialistas que se encargarán de esa labor se debía a los engorrosos trámites de contratación estatal.

López García es ingeniero de caminos, canales y puertos y se encargará del estudio de aguas superficiales y embalses, mientras que Fernández Rubio, un ingeniero de minas, estará a cargo del estudio de la calidad de aguas e impacto ambiental.

Martins Carvalho tendrá, por su parte, la responsabilidad de estudiar las aguas subterráneas.

El proyecto Conga, que demandará una inversión de 4.800 millones de dólares de la minera Yanacocha, la mayor productora de oro de Sudamérica, contempla drenar cuatro lagunas, dos de ellas para extraer oro y el resto para depositar los relaves, durante un periodo de 19 años.

Un informe extraoficial del Ministerio del Ambiente alertó el año pasado sobre el ecosistema “vulnerable” en que se encuentra el proyecto y expresó preocupación por las aguas subterráneas de la zona.

Un gran sector de los pobladores de Cajamarca exige al Gobierno la anulación definitiva del proyecto y ya en noviembre pasado realizó una huelga de 11 días, que concluyó con la declaración del estado de emergencia (excepción) en cuatro provincias, tras un infructuoso diálogo con el Gobierno.

La semana pasada, unas 1.500 personas llegaron a Lima desde Cajamarca y otras ciudades del país, como parte de la “marcha nacional del agua”, para reclamar por su derecho a la preservación del recurso hídrico y rechazar la puesta en marcha de Conga.

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