Mientras la demolición del Algarrobico se ve como algo muy lejano, el municipio donde se construyó a pie de playa el mastodóntico hotel recela de la llegada a su puerto de 2,2 millones de toneladas de hierro por la contaminación atmosférica que provocarían.

El Algarrobico

El hotel de El Algarrobico en el término municipal almeriense de Carboneras/ Fuente: Greenpeace

Cuando el derribo del Algarrobico ocurra, parte del hormigón del hotel terminará bajo el mar, en forma de arrecife artificial que aumente la biodiversidad y el volumen de pesca. Mientras eso llega, la localidad almeriense de Carboneras ejecuta un baile ambiental en el que ha dado un paso adelante, otro atrás, y giro.

Si el cierre en junio de 2021 de la central térmica de carbón, la tercera más contaminante de España, resultó un avance, la descarga de 2,2 millones de toneladas de hierro procedente de la mina de Alquife (Granada) en su puerto marca un retroceso, por la contaminación atmosférica que acarrea ese proceso. El giro lo protagoniza la frase del presidente de la Junta, luego matizada por su consejera de Agricultura, sobre la demolición del hotel en el Algarrobico, hoy todavía muy lejana.

La madeja de causas judiciales derivadas de la paralización en 2006 de las obras de un hotel en la cala del Algarrobico resulta tan compleja, que el propio Tribunal Supremo tiró de las orejas a la Junta en julio. Entonces, le preguntó si había hecho alguna gestión para ejecutar una de sus 14 resoluciones dictadas cuatro años atrás. En realidad, tan poco ha acontecido desde hace años que lo manifestado por el presidente de la Junta esta semana sólo supone una declaración política.

El anuncio de Moreno Bonilla en el Parlamento de una partida en el presupuesto de 2021 -ahora en cuestión por la negativa a negociar de Vox- para financiar el inicio de la demolición no clarifica el futuro de la polémica. Como aclaró luego Carmen Crespo, consejera de Agricultura y Desarrollo Sostenible, ni se ha ejecutado el derecho de retracto, aunque lo validó en 2016 el Tribunal Supremo. Al menos ahora actuará «ante el Registro de la Propiedad y el Catastro para dar cumplimiento a lo impuesto por el Tribunal Supremo», afirmaba.

También indicó que va a «ejercitar la vía civil», algo que el Supremo ya le señaló en 2017. «Si no se ejerce el derecho de retracto, nadie puede demoler», admitió Crespo. La consejera matizó la frase del presidente, ya que la Junta no va a demoler, pues según el acuerdo de 2011, le corresponde al Estado la obra y su pago, calculado en 8,5 millones de euros. El presupuesto andaluz pagará la compra del suelo -2,3 millones-, y la recuperación del paisaje original.

«0jalá el año que viene tengamos puesta una fecha de demolición«, dijo la consejera, aludiendo a unos «flecos judiciales» en realidad de gruesa envergadura. La licencia de obras «no ha sido anulada» -está declarada legal por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía-; «sigue en vigor» la «modificación» que se hizo de la planimetría del Parque Natural de Cabo de Gata «sin expediente alguno», denuncia Greenpeace; y la Junta de Andalucía «no ha accedido a los terrenos».

La medida judicial más efectiva hasta la fecha es la paralización de las obras, que ordenó en 2006 un Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Almería. Mientras, la empresa del hotel, Azata, recuerda el frente judicial que más le interesa: exige daños y perjuicios por la parálisis de un hotel que, afirma, contaba con todos los parabienes legales. Y ese importe lo cifra en 70 millones de euros, nada menos. De ahí que la consejera Crespo acepte negociar con Azata.

Central térmica

El presente de Carboneras ya no pasa por esa cala del parque natural. Se sitúa en el cierre de la central térmica del pueblo, y la apertura de la granadina mina de Alquife.

Lo primero ocurrirá en junio de 2021. Desaparecerán sus 6,3 millones de toneladas de CO2 anuales, pero también 500 empleos en una localidad de 8.000 habitantes. Para paliarlo, el Estado ha dispuesto ayudas y solicitó proyectos empresariales. Se presentaron en Carboneras 49, que supondrían unos 1.000 trabajos.

El alcalde, José Luis Amérigo, espera mayor apoyo de la Junta para el futuro convenio de Transición Justa, con el que se combina el objetivo europeo de reducir emisiones de CO2 y las ayudas para nuevos empleos. Pero, sobre todo, desea una poco probable marcha atrás a la decisión -anunciada a la vez que la presunta demolición del hotel- de que se descargue en uno de sus tres puertos, el comercial, el hierro extraído en Alquife.

La contaminación atmosférica de ese polvo la paliarán, según la autorización ambiental, mangueras de agua pulverizada, pero Carboneras no se fía, como demostró en una multitudinaria manifestación, y el recurso presentado por el Ayuntamiento con el voto en contra del PP. Serán 24 días de carga en tres barcos, que se cruzarán con la mayor flota de palangre del Mediterráneo, la de Carboneras.

El arrecife con los restos del Algarrobico -idea que se aceptó en el convenio de 2011- completará, algún año, la estampa de una localidad que podría ser objeto de estudio ambiental.

Fuente: El Mundo