El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha conocido este pasado jueves el borrador del anteproyecto de ley de Viviendas Rurales Sostenibles, una normativa de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio que pretende regular estas infraestructuras con el fin de evitar el éxodo rural que, según la consejera del ramo, Ana Isabel Mariño, se está produciendo en los últimos años.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Mariño ha explicado que esta ley regula las viviendas rurales sostenibles “que nada tienen que ver con las urbanizaciones tradicionales”. “Requieren otro tipo de calificación y otro tipo de autorizaciones y no requieren las actuaciones urbanizadoras que habitualmente estamos acostumbrados a tener cuando se trata de construir edificaciones para viviendas”, ha señalado.

En su opinión, va a contribuir a dinamizar las zonas rurales, no va a suponer ningún incremento de la burocracia y ni ningún coste adicional para las administraciones, y tiene como objetivo “garantizar la elección a los madrileños que quieran vivir en contacto con la naturaleza y facilitar a quienes lo deseen que puedan enraizarse en los municipios de la región disminuyendo el éxodo rural”.

Además, buscan dar valor a las fincas rústicas en desuso y consolidar el papel de los ciudadanos en la conservación del medio ambiente. “El contacto con la naturaleza convierte al individuo en un agente activo de su cuidado. Esta persona que por decisión propia opta por vivir en el campo es siempre el principal interesado en cuidarlo y protegerlo”, ha apostillado.

Otro de los objetivos es acercar la normativa de la Comunidad de Madrid a la de otras comunidades que sí permiten este tipo de viviendas. En el caso de las viviendas rurales ya existentes en la región pero que están de manera ilegal, podrán formalizar su situación abriendo un expediente de legalización “siempre que se cumpla con las condiciones que vienen reflejadas en la Ley del Suelo”, ha añadido.

La ley permitirá la edificación en fincas rurales con unos criterios establecidos. Imagen: Europapress

El contenido de la ley es un “texto corto” y recoge extremos como el nuevo uso para viviendas rurales sostenibles podrá implantarse en todo suelo no sujeto a protección sectorial y solo estará permitida su implantación en este suelo cuando su régimen jurídico autorice el uso residencial, ha señalado Mariño.

Además, ha indicado que la ley tiene carácter especial y prevalecerá sobre cualquier normativa o planeamiento que incida sobre el mismo ámbito material; solo podrá construirse una vivienda unifamiliar aislada en cada unidad de terreno y las infraestructuras, las vías de acceso, las instalaciones corren a cargo del propietario.

Se exigirá la adaptación arquitectónica y estética al paisaje, se establece una superficie mínima para las parcelas de 6 hectáreas y una distancia mínima con cualquier otra construcción de 250 metros. La altura máxima será de 3,5 metros y la ocupación de la unidad de la parcela estará limitada al 1,5 sin limite en cuanto al tamaño de la vivienda.

Asimismo, se establece un único procedimiento para la implantación del uso que consiste en la tramitación de licencia de obras en los términos que establece la ley y que aprobará y concederá el ayuntamiento; y se prevé la imprescriptibilidad de las infracciones administrativas por incumplimiento de lo expuesto en esta ley.

“Creemos que con esta normativa cumplimos con una necesidad que detectábamos en los últimos años en la Comunidad de Madrid y es que hay muchos madrileños que quieren vivir en el campo y otros que aun viviendo en núcleos rurales no podían hacer efectiva el uso de fincas rústicas adquiridas por compra o herencia”, ha considerado.

Los ecologistas en contra por la recalificación del suelo rústico

Las críticas ecologistas en la Comunidad de Madrid no se han hecho esperar, pues consideran que la ley abre la puerta a construir en zonas protegidas. “Por poner un ejemplo, en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, de 52.796 hectáreas, de las cuales el 65% son de titularidad privada, se podrían construir 3.431 viviendas de 1000 m2 de planta cada una”, señalan en un escrito que recoge firmas de ciudadanos contrarios a esta ley.

Para Ecologistas en Acción, el anteproyecto de ley “supone el ‘todo vale’ en suelos protegido y una amenaza el medio natural”. En el escrito que preparan para protestar sobre la futura ley aducen que “la dispersión de viviendas en el medio natural no generará beneficios para nadie y, muy al contrario, perjudicará gravemente el medio rural”.

Anteproyecto de Ley de Viviendas Rurales Sostenibles

Fuentes: noticias.lainformacion.com y www.elmundo.es

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