El acuerdo alcanzado el pasado mes de julio sobre un paquete histórico de recuperación y estímulo de la UE, por valor de más de un billón de euros, marca un momento histórico para la solidaridad intereuropea. El acuerdo se produce en un momento en el que la prioridad es luchar contra COVID-19 y proteger la salud de las personas, al tiempo que se abordan las consecuencias sociales y económicas de la pandemia de coronavirus.  Se pidió a los jefes de gobierno que mejoraran la propuesta presentada por la Comisión Europea en junio. En el acuerdo final se reconoce que Europa se enfrenta a otras crisis históricas, como la lucha contra el cambio climático y la degradación del medio ambiente, que no puede esperar más para dar una respuesta rápida y eficaz.

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El European Environmental Bureau (EEB) se congratula de que el Consejo Europeo haya acordado aumentar el objetivo de gasto en acciones climáticas en el presupuesto de la UE del 25% propuesto por la Comisión Europea al 30%. El Consejo también se ha comprometido a que el gasto relacionado con el clima sea coherente con el objetivo de la Unión Europea de ser neutral con respecto al clima en 2050 y con los nuevos objetivos climáticos de la Unión para 2030.

Si bien estos compromisos políticos allanan el camino para la esperada revisión del actual paquete de políticas europeas sobre el clima y la energía para hacerlo más ambicioso y para alinearlo con el Acuerdo de París, aún quedan varias incógnitas en el camino a seguir, especialmente en lo que respecta a la falta de condicionalidad vinculada a los fondos y la gobernanza. Habrá que garantizar en toda la UE condiciones específicas sobre cómo se gastará el dinero, una participación ciudadana efectiva y una gobernanza y supervisión sólidas del gasto nacional en materia de clima.

“El lenguaje sobre la condicionalidad y la flexibilidad deja lugar a dudas sobre si el dinero se invertirá para mantener las economías basadas en los combustibles fósiles o se utilizará para impulsar un cambio de paso hacia un futuro de neutralidad climática y cero contaminación, como se anunció en el Acuerdo Verde Europeo”, explicó Barbara Mariani, oficial superior de políticas del EEB para el clima y la energía.  “El objetivo de la neutralidad climática debe ser vinculante a nivel nacional y debe establecerse un calendario claro para la eliminación de los combustibles fósiles. Más que nunca, la sociedad civil está ahí para permanecer vigilante y asegurar que la planificación nacional canalice el dinero de la UE en la dirección correcta, de lo contrario el plan de recuperación será una oportunidad perdida que nunca volverá”.

Al examinar las cifras más de cerca, el EEB encontró que los detalles no eran nada tranquilizadores. “Los 13.000 millones de euros anunciados para el desarrollo rural carecerán de sentido para el medio ambiente y el clima si este presupuesto no está vinculado a objetivos cuantitativos en materia de medio ambiente y clima”, afirma Bérénice Dupeux, responsable principal de políticas agrícolas del EEB. “Mucho peor, las conclusiones del Consejo muestran cómo los Estados miembros hicieron un mal uso de la flexibilidad al introducir la posibilidad de transferir hasta el 30% del fondo de desarrollo rural hacia la política más ineficaz: el pago directo”. Si una proporción tan grande del presupuesto se destina a los pagos directos a los agricultores, entonces los objetivos de acción climática de la Política Agrícola Común (PAC), el mayor fondo único del presupuesto de la UE, no se cumplirán, lo que aumenta la tentación de un intenso lavado verde, advierte Dupeux.

Además, para lograr la neutralidad del carbono mediante una transición ecológica justa que abarque la suficiencia, la Unión Europea tendrá que pasar del crecimiento económico a una economía posterior al crecimiento. “Es positivo que el plan de recuperación de la UE diga que el 30% del presupuesto se utilizará para fomentar la acción climática, pero es evidente que no es suficiente y no logra detener el ‘business as usual’”, dice Katy Wiese, la Oficial Asociada de Políticas para la Justicia Ambiental y Económica de la EEB, “El Fondo de Transición Justa ha sido recortado en casi tres cuartas partes. El dinero público debería utilizarse para acelerar la transición verde y comenzar una reorientación hacia el bienestar de las personas y el planeta en lugar del crecimiento del PIB”, concluye.

Fuente: https://gestoresderesiduos.org/

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