El Ayuntamiento de Vitoria ha recurrido la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de no someter a evaluación de impacto ambiental el proyecto de extracción de gas no convencional en Mandojana de Álava.

En un comunicado, la concejala de Medio Ambiente, Idoia Garmendia, ha explicado que el consistorio de Vitoria ya informó en febrero al Ministerio de la conveniencia de someter a impacto ambiental este proyecto pero esta petición no fue tenida en cuenta.

De nuevo, el Ayuntamiento ha pedido al Ministerio correspondiente que valore la decisión.

Para ello, el consistorio de Vitoria ha presentado una serie de alegaciones sobre las posibles afecciones al acuífero cuaternario, a las aguas superficiales, a las especies protegidas y paisajísticas, así como sobre el estado actual de incertidumbre sobre la explotación de gas no convencional.

A la espera de conocer la respuesta del Ministerio de Medio Ambiente, el Ayuntamiento de Vitoria aún no ha tomado ninguna decisión sobre la petición de licencia de actividad de la empresa, que fue formulada en noviembre.

Diversos grupos ecologistas han advertido del grave impacto ambiental que conlleva la extracción de gas no convencional (pegado a la roca) y han pedido al Ayuntamiento de Vitoria que deniegue la licencia de actividad a Hidrocarburos de Euskadi.

Sondeo de gas no convencional en Álava. Foto: aralar.net

El Gobierno Vasco anunció en octubre que se había detectado la presencia de este gas en una cantidad equivalente al consumo de cinco años de toda España o 60 veces el consumo anual de Euskadi.

El Defensor del Pueblo Vasco pide partipación ciudadana en los procesos de EIA

Al hilo de esta noticia ayer el Ararteko (Defensor del Pueblo del País Vasco) , Iñigo Lamarca, recomendó  al Gobierno Vasco y a los ayuntamientos de Euskadi que promuevan leyes y reglamentos que regulen la participación ciudadana en procesos medioambientales como las evaluaciones de impacto ambiental.

En el caso del Gobierno Vasco, Lamarca ha considerado que éste debería regular por ley el derecho de las personas a participar de manera “real y efectiva” en las distintas actividades sujetas a control ambiental.

En este sentido, se ha referido a las autorizaciones ambientales integradas, a las evaluaciones de impacto ambiental, licencias de actividad clasificada, así como a aquellos planes, programas, políticas públicas o instrumentos normativos que puedan tener un efecto significativo sobre el medio ambiente.

En cuanto a los ayuntamientos, Lamarca ha recomendado que promuevan la aprobación de reglamentos que regulen la participación ciudadana, en especial, la medioambiental.

Así, ha opinado que las administraciones locales deben hacer los esfuerzos necesarios para dotarse de los medios técnicos, materiales e incluso personales para que los procesos decisorios resulten efectivos.

Asimismo, ha considerado que deben ponerse medios para dotarse de planes de educación ambiental dirigidos a la ciudadanía, a las personas responsables de la tramitación de estos procedimientos y a las autoridades encargadas de tomar las decisiones.

“Es necesario que las administraciones públicas propicien mecanismos de participación para la gestión de conflictos derivados del funcionamiento de actividades que implican afecciones al medio ambiente en los que esté representada la ciudadanía y las asociaciones interesadas”, ha subrayado.

En su recomendación, el Ararteko ha estimado que la administración local debe identificar al público interesado en los expedientes medioambientales para instarle, de oficio, a personarse en el expediente como parte interesada.

Ese llamamiento está principalmente dirigido a asociaciones y en aquellos casos en los que se prevea una importante contestación social a un proyecto, Lamarca ha opinado que la administración local deberá propiciar un debate previo entre promotor y público interesado.

Fuente: http://www.abc.es

Etiquetas: , , , , , , , , ,