El informe valora positivamente algunos aspectos, como la fijación de objetivos de reducción concretos y cuantificables y ciertas medidas de salvaguarda frente a conductas anticompetitivas. Recomienda realizar mejoras en otros aspectos, como la potencial declaración de servicio público, el régimen jurídico que pone fin a la condición de residuo o la exigencia de fianza o autorización para determinadas actividades.

La CNMC afirma que Iberdrola, “consciente de la exis­tencia de un es­ce­nario de ele­vada de­manda al que co­rres­ponde el mes de di­ciem­bre”, de­cidió “retirar una ca­pa­cidad de pro­duc­ción para pro­vocar un in­cre­mento adi­cional en el precio del mer­ca­do”.