La provincia de Segovia podría compensar las emisiones de gases de efecto invernadero del tráfico rodado en los próximos 35 años por medio de medidas de gestión de usos del suelo, sin causar ningún impacto social ni pérdida de producción agropecuaria. Así lo confirma un trabajo, que centrado en esta provincia, y que ha determinado que las posibilidades de compensación son el doble de la demanda, y que de forma análoga, esta compensación podría ser también viable en otras regiones de España.

El sector del transporte es responsable en España de casi la cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero y, dentro de este sector, las carreteras suponen el 92%. Las emisiones del tráfico rodado no pararon de crecer hasta 2007, cuando se produjo una reducción a causa de la caída del tráfico asociada a la crisis.

Sin embargo, a partir de 2015 se ha detectado un repunte, “y parece muy probable que la deseada recuperación económica lleve asociada un incremento del tráfico y con ello de las emisiones de gases de efecto invernadero”, apunta Álvaro Enríquez de Salamanca, investigador de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

Aunque cada vez los vehículos son más eficientes y emiten menos CO2, “la crisis también ha dejado un parque móvil más envejecido, lo que unido a un crecimiento global de la movilidad tiende a compensar, negativamente, esa mejora en la eficiencia, con lo que la reducción global de las emisiones puede ser muy escasa o incluso nula”, añade.

Una forma esencial de reducir la concentración de estos gases es la vegetación. La fotosíntesis capta CO2 de la atmósfera y lo fija en forma de carbono orgánico en sus tejidos –el denominado secuestro de carbono–. Pero, si la materia vegetal se descompone o se quema, el carbono vuelve a liberarse a la atmósfera, como CO2 o como metano, ambos gases de efecto invernadero, por lo que lo ideal es fijarlo en árboles (en madera), al tener una mayor longevidad y durabilidad.

Para el investigador, “hay más opciones”. En el estudio, publicado en Science of the Total Environment, los científicos han propuesto cuatro posibilidades de secuestro compatibles con el mantenimiento de los actuales usos agrícolas y ganaderos y que suponen una mejora ecológica y paisajística: la reforestación de terrenos agrícolas y ganaderos marginales, de escaso valor productivo; la conversión de cultivos de cereal y prados a dehesas; la recuperación de setos arbolados entre parcelas de cultivo, y el incremento de la cantidad de carbono en el suelo agrícola, mediante técnicas de agricultura de conservación (no-laboreo y mantenimiento de restos vegetales (paja) en el suelo).

Un potencial que duplica la demanda

El objetivo del trabajo fue determinar si es posible la compensación de las emisiones de estos gases de una red de carreteras, tomando como caso Segovia, durante un determinado periodo de tiempo, mediante el secuestro de una cantidad equivalente a la emitida por medio de vegetación.

“Para hacer el estudio consideramos que la unidad de trabajo más idónea era la provincia, y la de Segovia tiene una superficie cercana a la media nacional, y con un clima mediterráneo más o menos similar a amplias zonas del interior del país. Aunque su población es inferior a la media, la provincia es cruzada por dos carreteras de la Red General del Estado, la A-1 y la A-6, y soporta un tráfico importante de turismo en fines de semana. Es, por tanto, un buen ejemplo”, destaca.

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En concreto, los investigadores consideraron las carreteras del Estado y las autonómicas, que soportan aproximadamente el 95% del tráfico, y establecieron como espacio temporal para realizar las estimaciones 35 años, entre 2015 y 2050. Para esa red de carreteras y periodo se elaboraron previsiones de evolución del tráfico y de las emisiones del parque móvil, estableciendo en 7.670 kilotoneladas las emisiones a secuestrar.

A continuación, se calculó el potencial de secuestro de las medidas de uso del suelo propuestas (reforestación, dehesas, setos arbolados y agricultura de conservación), y el total de carbono que se podría secuestrar entre 2015 y 2050 en la provincia, un total potencial de 15.690 kilotoneladas de CO2, el doble de lo demandado.

Asimismo, para cada medida se calculó su coste, por hectárea y por tonelada de CO2 secuestrada, considerando no solo el coste de ejecución, sino también la compensación a los propietarios por la pérdida de suelo o de productividad, y añadiendo un incentivo para favorecer su aplicación. Se obtuvo así un presupuesto global de entre 316 a 785 millones de euros.

Combinación de impuestos y ayudas públicas

Según el experto, una forma de financiar estas medidas sería por medio de un impuesto a los carburantes o dedicando parte de los actuales impuestos. No obstante, al estar diseñadas con criterios ecológicos y sociales, “lo lógico sería combinarlo con ayudas de la Política Agrícola Comunitaria y ayudas del Estado y las Comunidades Autónomas para la mejora ambiental”, subraya.

“Esta propuesta es técnicamente viable, aunque su aplicación precisa de voluntad política y conciencia social sobre su necesidad”, resume. El estudio se enmarca en la tesis doctoral de Álvaro Enríquez de Salamanca, dirigida por los profesores Rosa Martín Aranda y Rubén Díaz Sierra, que se defenderá en mayo, sobre la consideración del cambio climático en la evaluación de impacto ambiental (EIA) de infraestructuras lineales de transporte (carreteras y ferrocarriles).

Referencia bibliográfica:

Enríquez-de-Salamanca, Á., Martín-Aranda, R. M., y Díaz-Sierra, R. (2017). “Potential of land use activities to offset road traffic greenhouse gas emissions in Central Spain”. Science of The Total Environment. http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.02.213

Fuente: SINC

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