El objetivo que se marcó Europa de reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2020 respecto a los niveles de 1990 parece al alcance de la mano. Sea por la crisis económica, que ha limitado la contaminación industrial; por la incorporación de antiguas repúblicas soviéticas a la UE, cuyas economías sufrieron un duro golpe en su conversión al capitalismo en los años noventa; o por otros motivos, lo cierto es que la Agencia Europea de Medio Ambiente exhibió en noviembre como un éxito que las emisiones ya habían disminuido un 18%, cerca de la meta marcada para dentro de ocho años.

Pero la Comisión Europea se está planteando dar un paso más allá y establecer un calendario estricto para la década siguiente. Al menos, así lo quiere la comisaria de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, que en breve propondrá un paquete legislativo que incluiría, según apuntan fuentes comunitarias, un objetivo vinculante de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 40% para 2030.

La cifra es ambiciosa. Tanto, que Hedegaard va a tener que convencer a otros comisarios como el de Energía, Günther Oettinger, o el de Industria, Antonio Tajani. Ambos han mostrado sus dudas sobre si Europa debe liderar la lucha contra el cambio climático casi en solitario, como lleva haciendo 15 años, cuando el elevado precio de la energía está restando competitividad a la economía europea frente a la china o la estadounidense.

La iniciativa de Hedegaard cuenta con el apoyo del presidente, José Manuel Barroso. Oettinger es partidario de ir más despacio y prefiere un más modesto 35%. “El objetivo del 35% no es realista porque sin ningún tipo de política climática de aquí a 2030, llegaríamos a reducir un 33%”, apunta las mismas fuentes. La propuesta que está a punto de presentar la comisaria de Acción por el Clima afecta también al objetivo para energías renovables, que será del 30% para 2030. Los Estados miembros no estarán obligados a cumplir este calendario; pero sí serán vinculantes las medidas de apoyo a las renovables, con la esperanza de que por esta vía se pueda alcanzar el porcentaje que plantea Bruselas.

Hedegaard contará con el apoyo de 13 ministros europeos de Medio Ambiente, entre ellos el español, Miguel Arias Cañete, que en octubre hicieron pública una carta que responde a la actual disyuntiva europea —¿sostenibilidad o competitividad?— en materia de política energética con una respuesta clara: reclaman que la UE fije objetivos de reducción de emisiones más “ambiciosos” y que lo haga “cuanto antes”. Coinciden con las organizaciones ecologistas, aunque estas van más allá: creen que el objetivo del 40% es demasiado modesto.

“La propia Comisión ha trabajado con escenarios que van más allá, hasta el 45%”, explica Jason Anderson, de WWF. “Nosotros proponemos un 55%, acompañado de objetivos para energías renovables y eficiencia energética, así como la reforma del sistema de comercio de derechos de emisión. Ir a por un 40% es un error teniendo en cuenta el papel de la UE en el esfuerzo global para reducir emisiones”, añade.

En Greenpeace también consideran ese 40% “muy insuficiente”, señala su portavoz de Energía, Frederic Thoma. Pero los ecologistas quieren también un aumento obligatorio del porcentaje de energías renovables. Los ministros de ocho países (entre ellos, Francia, Alemania e Italia) han pedido a Hedegaard y a Oettinger que lo establezcan para 2030. Creen que es “crucial” para asegurar las inversiones energéticas y para reducir “la dependencia de las importaciones”, afirman en una carta fechada el 23 de diciembre a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

“Los ministros tienen razón. Los inversores energéticos no tienen suficiente seguridad si únicamente hay un objetivo de reducción de emisiones”, dice Thoma. Ni Reino Unido, que únicamente quiere un objetivo vinculante de emisiones, ni España han firmado la misiva. Un borrador del estudio de impacto del paquete legislativo filtrado en diciembre señalaba que, si únicamente se impone una reducción de emisiones del 40% descenderían las importaciones de combustibles fósiles un 7%; en cambio, con un 45% sumado a la obligación de ampliar las renovables hasta el 35%, la factura se reduciría un 19%.

La Comisión, consciente de los problemas del mercado de derechos de emisión, tiene previsto crear un mecanismo para solucionar el exceso de permisos, que ha provocado el desplome de su precio: retirarlos e introducirlos de nuevo cuando la situación económica —y su precio— mejore.

Hedegaard presentará además medidas para mejorar la eficiencia energética, líneas directrices para la explotación del shale gas o gas pizarra -cuya extracción mediante fracturación hidráulica se conoce como fracking- y un análisis sobre los costes y precios de la energía en Europa. El documento deberá analizar las causas, origen y posibles soluciones para el hecho de que empresas y ciudadanos europeos paguen por el gas y la electricidad entre un 22% y un 45% más que ocho años atrás, mientras que en Estados Unidos los precios en ese periodo hayan caído para la industria o crecido ligeramente para los consumidores.

Fuente: El País