El sector ambiental no es ajeno al fenómeno de las Fake News y la desinformación. Por ello la legislación ambiental desde hace décadas ha desarrollado distintos mecanismos que garantizan:

  • El acceso a datos oficiales sobre el estado y la evolución del medio ambiente.
  • Instrumentos voluntarios que ayudan a las organizaciones a elaborar información relevante y trazable sobre el impacto ambiental, económico y social de su modelo de negocio.
  • Información pública sobre los procesos de toma de decisiones en materia ambiental.
  • Transparencia en el funcionamiento de actividades reguladas con motivo de su capacidad de generar impactos ambientales.

En el primer bloque destaca la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Es un marco genérico que permite disponer de datos e información que hacen efectiva la máxima relativa a que no se puede conservar aquello que no se conoce. También es un instrumento que permite a cualquiera con un mínimo de interés contrastar noticias relativas a cuestiones ambientales.

En el capítulo de instrumentos voluntarios encontramos, regulados por legislación ambiental, distintivos clave para la protección de los consumidores concienciados. Juegan, igualmente, un papel clave en la protección y promoción de las empresas responsables y comprometidas con un modelo de protección y consumo más sostenible. Así, si queremos tener garantías legales sobre el desempeño de distintas actividades económicas, podemos acudir a los reglamentos sobre distintivos ambientales:

  • Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos.
  • Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS).
  • Reglamento (CE) nº 66/2010 del Parlamento europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, relativo a la etiqueta ecológica de la UE.

Desinformación ambiental
Fuente: Pixabay

Por otro lado, todos los procesos de toma de decisiones, desde la tramitación de planes y programas, la autorización de proyectos o la instalación y puesta en marcha de actividades están sometidas a periodos de información y participación pública, durante los cuales la documentación relevante queda expuesta a disposición de cualquier persona que quiera consultarla y presentar alegaciones. Este ámbito permite contrastar noticias sobre el desarrollo y ejecución de distintas políticas, así como comprobar si, cuando se anuncian según qué proyectos, estamos ante globos sonda o si realmente se están dando los pasos necesarios para su aprobación y puesta en marcha.

Una mención especial requieren la Autorización Ambiental Integrada y el Registro de Emisiones y Fuentes contaminantes, que permiten conocer los principales contaminantes que generan las actividades reguladas, así como las medidas que ponen para prevenir riesgos y daños al medio ambiente.

La información veraz y contrastada es un recurso escaso en estos tiempos en los que la manipulación de la opinión pública es una práctica común para quienes quieren atraer consumidores o condicionar nuestras decisiones políticas. Afortunadamente el sector ambiental cuenta con instrumentos contra la desinformación ambiental, las fake news y el greenwashing. ¿Las conoces y las aplicas en tu ámbito de actividad profesional?

Si estás interesado/a en conocer la legislación vigente en materia de medio ambiente o actualizar tus conocimientos, el Instituto Superior del Medio Ambiente ha desarrollado junto con Alberto Vizcaíno el curso online Requisitos Ambientales y Actualización Legislativa.

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