La razón de ser de este estudio, encargado por el Gremi de Recuperació de Catalunya y la Federación Española de la Recuperación (FER) al Colegio Industrial de Ingenieros de Catalunya, es el actual panorama de contradicciones por el que las administraciones animan a los gestores a ser proactivos e innovadores en la búsqueda de soluciones para los residuos existentes, a la vez que incrementa los trámites administrativos para la obtención de autorizaciones y burocracia asociada a la gestión de materiales. Tales trámites implican una carga administrativa que obstaculiza la competencia, en el libre mercado, con las materias primas.

Para elaborar el estudio, se han encuestado empresas de distinto tamaño y facturación, así como de diferentes sectores del reciclaje y ubicaciones territoriales. La muestra representa, cualitativamente y a nivel anual, 270.000 toneladas de materiales tratados, 162 millones de euros en facturación, 61.000 movimientos de entrada de residuos en planta y el 15% de los residuos industriales gestionados por las empresas de reciclaje de Cataluña

A partir de los datos recopilados, se han agrupado los costes administrativos en bloques, sumando los costes por recursos humanos (tiempo dedicado por trámite) y los directos: coberturas, autorización y obligaciones, gestión documental e informática y formación de personal.

El estudio concluye que la aplicación actual de la normativa conlleva, indiscutiblemente, un incremento significativo de sobrecostes administrativos en el sector de la gestión de residuos. Ello afecta negativamente la agilidad y la eficacia de la gestión de residuos y recursos, en particular de las PYMES, encarece los materiales recuperados obtenidos y produce una pérdida de competitividad frente a materiales de primera producción o extracción.

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