El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes el anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados por el que se transpone una Directiva comunitaria de 2008 y se actualiza la legislación tras más de diez años de aplicación de la primera Ley de Residuos. El nuevo texto actualiza el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos, delimita las obligaciones de productores y gestores simplifica trámites administrativos, utilizando un registro compartido entre las Administraciones, de modo que se garantice la transparencia y trazabilidad en la gestión.

Ecoembes, la entidad encargada de la recuperación de envases para su reciclado en España, ha advertido de que el anteproyecto pone “en peligro” el actual sistema de reciclado de envases así como su financiación, porque según el artículo 31.3  los sistemas integrados de residuos (SIG) tendrán que constituirse en asociación y realizar una serie de trámites que podrían prolongarse durante dos años.

Sobre las consecuencias de esta modificación, Antonio García Zarandieta, director de Ecoembes, ha asegurado que, a pesar de que se trata de una “ley equilibrada”, existe un riesgo “muy importante” de que se produzca una “imposibilidad manifiesta” de cumplir los objetivos y, puesto que Ecoembes financia a los municipios la recogida de residuos, durante los dos años de adaptación los ayuntamientos españoles dejarían de percibir 800 millones de euros para la recogida de envases y España no llegaría a cumplir los objetivos de la UE, que en la actualidad “se cumplen con creces”, ya que, según ha adelantado, en 2010 se llegó al 66 por ciento de recogida de envases frente a un objetivo europeo del 55 por ciento.

Planta de tratamiento de residuos de envases Foto: Flickr Sangudo

“En las actuales circunstancias, los Ayuntamientos van a tener muy complicado financiar la recogida de residuos, con los perjuicios que esto supone y estarán en riesgo 6.000 empleos directos”, ha insistido, al tiempo que ha agregado que Ecoembes tendrá que liquidarse . Ha advertido también de que esto no es exclusivo de Ecoembes, sino que afecta a otros sistemas de gestión integrada de residuos.

Precisamente, ha explicado que el nuevo régimen “busca una mayor participación de los SIG, pero conseguirá justo lo contrario”, porque con el régimen de asociación, una docena de grandes empresas adquirirán mayor representación, en detrimento de las PYMES, que son mayoría de las más de 12.100 empresas adheridas. En este sentido, ha añadido que el sistema se pondrá “al servicio de las grandes corporaciones” y que “a largo plazo” se logrará un modelo “lleno de ineficiencias” que provocará la “ingobernabilidad del sistema”.

Finalmente, ha anunciado que para garantizar la continuidad del sistema que, a su juicio, “funciona bien tal y como está”, han remitido una carta a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y a la ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Rosa Aguilar, para mantener sendas reuniones para abordar la cuestión. En ese sentido, ha expresado que desde Ecoembes confían en que el citado artículo desaparezca durante el trámite parlamentario del anteproyecto de Ley.

Por otro lado las organizaciones sociales, ambientales y de recuperadores que forman parte de la plataforma RETORNA reclaman que la nueva ley de residuos establezca de forma obligatoria un Sistema de Depósito Devolución y Retorno (SDDR) para algunos envases, ya que consideran que el sistema actual es ineficiente y podrían alcanzarse altos objetivos de recuperación y reciclaje. Sin embargo, el texto de la ley sólo lo establece como una posibilidad de desarrollo posterior voluntaria para las comunidades autónomas.

Fuentes: www.ecoticias.com, www.europapress.es, www.ccoo.es

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