El Congreso aprueba definitivamente la Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas, con la que se garantiza la protección ambiental y el desarrollo sostenible del litoral de España, atendiendo a la realidad de nuestras costas.

Esta Ley según el MAGRAMA tiene como primer objetivo la protección medioambiental de la costa, diferenciando entre los tramos urbanos y naturales de las playas, preservando las playas vírgenes al limitar en ellas tanto las ocupaciones como las actividades, aumentando en todo caso su protección.

Prohíbe nuevas edificaciones en el litoral, tanto en dominio público marítimo terrestre (ribera del mar y de las playas)como en su zona adyacente de servidumbre de protección. También prohíbe cualquier incremento de lo ya edificado.

La Ley de Costas responde única y exclusivamente al interés general, a la necesidad del fomentar la actividad económica sostenible en las zonas litorales (por eso se amplían los plazos máximos de las ocupaciones), siempre que se garantice la protección medioambiental de la costa, protegiendo al mismo tiempo los derechos y la seguridad jurídica de las personas.

En conjunto, la modificación de la anterior  Ley de 1988 responde a la necesidad de resolverproblemas históricos del litoral español que aquella no ha podido resolver.

Por ejemplo, uno de estos problemas que viene de la anterior legislación es la urbanización descontrolada en algunos puntos de litoral y que ha supuesto su degradación. Para evitarlo, la nueva ley no solo impide nuevas construcciones, sino que incorpora, entre sus novedades, una cláusula, la llamada “Antialgarrobicos”, que permite frenar la construcción ilegal antes de que se produzca, facilitando al gobierno la suspensión cautelar de la obra a la espera de la decisión judicial.

La Ley defiende a los ciudadanos que adquirieron legítimamente una vivienda y que se vieron después desposeídos.

La reforma obliga a inscribir en el Registro de la Propiedad los bienes de dominio público desde que se inicia un procedimiento de deslinde. Esta medida había sido reclamada por el Parlamento Europeo, pues esta situación ha sido objeto de miles de quejas de ciudadanos europeos. La Comisión Europea ha felicitado al Gobierno por tomar esta y otras medidas que incrementan la seguridad y la confianza en España.

Otra de las medidas esenciales es la mejora de la situación jurídica de los antiguos propietarios de bienes en la costa, en especial de viviendas, que la ley de 1988 expropió. La nueva legislación prorroga las concesiones de esos ciudadanos hasta un máximo de 75 años.

Otra novedad de la Ley es que es la primera vez que se introducen políticas de lucha contra el cambio climático en una Ley de Costas española, pues hay que tener en cuenta la adaptación y la mitigación del mismo en nuestro litoral.

La ley prevé que, en el plazo de dos años, se disponga de un estudio completo de los efectos del cambio climático en toda la costa española, algo que jamás se ha hecho.

Protesta de Greenpeace en el Congreso por la Ley de Costas. Imagen: Rtve

Protesta de Greenpeace en el Congreso

Un grupo de miembros de Greenpeace ha intentado desplegar una pancarta en la fachada del Congreso para protestar por la reforma de la Ley de Costas y algunos han sido detenidos por la policía.

La  directora de campañas de Greenpeace, María José Caballero, ha explicado a Efe que la acción quería servir de protesta por la aprobación de la reforma de la Ley de Costas.

“Terminan 25 años de protección para el litoral con esta reforma promovida por el PP, que lo que hace es desproteger la costa, desvalorizarla, porque en lugar de un sitio a proteger entiende que es un sitio a ocupar”, ha explicado.

Greenpeace ha denunciado “la falta de rigor” de esta reforma legislativa y ha recordado que una docena de núcleos costeros quedarán exentos de cumplir la ley, mientras que se reducirá la franja de protección de la costa de 100 a 20 metros en determinados tramos y se dejarán sin protección a algunos de los más importantes humedales costeros y dunas.

La organización ecologista presentará una queja ante la Comisión Europea para que estudie si se han vulnerado varias directivas comunitarias, entre ellas la relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, la de conservación de aves silvestres y la de conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre

Fuentes: MAGRAMA y EFE verde

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