La mayor parte de la factura por el nuevo impuesto a los gases contaminantes que debe entrar en vigor el 1 de enero de 2014 la tendrán que pagar los supermercados y las grandes superficies, al menos según sus propios cálculos. El nuevo tributo grava los gases fluorados que usan los grandes congeladores y las neveras donde se exponen productos refrigerados. Según cálculos del sector de la propia distribución, las nuevas instalaciones o las recargas de gas para el mantenimiento anual de los aparatos les costará cerca de 140 millones de euros al año, de los 340 millones que el Ejecutivo calcula que recaudará.

El sector de la distribución asegura que ellos serán los principales perjudicados, ya que hay pocas alternativas seguras a este tipo de gases para sus establecimientos. Los gravados serán los hidrofluorocarburos (HFC), los perfluorocarburos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF), según consta en el proyecto de ley.

El tipo que paguen por el producto que consuman dependerá del tipo de gas que usen en sus instalaciones. Según el proyecto de ley del Ejecutivo, presentado el 3 de julio, los precios irán de los 6,6 euros por kilo a los 100 euros, según la potencia de calentamiento atmosférico que tengan, un índice vinculado al calentamiento global.

La tasa de estos gases fluorados se sumará al precio del gas y al IVA, y las empresas que lo suministren lo repercutirán a los compradores. Según cálculos del propio sector, el impuesto le supondrá unos 1.000 euros al año a las tiendas de pequeño formato, entre 5.000 y 9.000 euros al año a los supermercados y hasta 9.000 euros a los grandes hipermercados. Según las cuentas del sector, hay cerca de 20.000 puntos de venta de alimentación en España, que en total, pagarán cerca de 140 millones al año por la tasa.

Las cadenas de supermercados serán las principales afectadas por este impuesto por sus sistemas de refrigeración

No solo los supermercados pagarán esta tasa, ya que en principio está destinada a todas las instalaciones que consuman gases fluorados de efecto invernadero. Las neveras de la hostelería, por ejemplo, también soportarán el nuevo pago.

Para el particular, sin embargo, el impacto quedará acotado, ya que quedan exentos los aparatos que usen menos de tres kilos de gas. Según calculó la asociación de consumidores OCU, las instalaciones domésticas de aire acondicionado podrían encarecerse de media unos 65 euros. En el caso de los automóviles, el aire acondicionado queda fuera del tributo.

El Gobierno justificó en el consejo de ministros del 28 de junio, en el que presentó la medida, que creaba esta tasa ecológica “siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea sobre tributos medioambientales”. Solo dos días antes el Parlamento Europeo presentó una propuesta de regulación para los países de la UE sobre el uso de los mismos gases fluorados que se gravarán en España en enero. En Bruselas el principal debate gira entorno a la fecha en la que se restringirá su uso, un límite que en principio estaba fijado para el 2020 pero que algunos países abogan por adelantar. El objetivo final de la Eurocámara es que, con las limitaciones, el uso de los HFC se haya reducido en un 84% en 2030.

El sector de la distribución reclama un plan nacional, al estilo del aprobado para la renovación hotelera, para afrontar la inversión que supondría un cambio de equipamiento que consuma gases menos gravados o sistemas alternativos de refrigerado.

Fuente: El País

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