La reunión del Consejo estará presidida por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ya que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, viaja a Malta para participar en una cumbre del denominado “5+5″.

El Ejecutivo tiene previsto también aprobar hoy el proyecto de ley de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la ley de costas del año 1988.

El texto llega a la mesa del Consejo dos meses después de que el Gabinete tramitara el correspondiente anteproyecto, que ya recogía la ampliación a 75 años de las concesiones de propiedades situadas en el dominio público marítimo terrestre.

En la presentación de ese anteproyecto, Sáenz de Santamaría indicó que la ley supondrá una “tolerancia cero” frente a las agresiones en la costa.

La ley prevé asimismo que a los bienes declarados de interés cultural que ocupan el dominio publico se les otorgue una concesión y se les aplique su régimen jurídico propio.

Playa de San Juan, Alicante. Foto: flickr Pedro_m_l

La ley de costas forma parte de la veintena de normas que el Gobierno tiene previsto aprobar en el segundo semestre del año y con las que pretende reformar las administraciones públicas, ganar en competitividad y mejorar la economía española para el crecimiento

Tutela del Estado

Una de las novedades de esta ley es un mecanismo novedoso que permite al Estado tutelar a las administraciones locales para que se puedan suspender de forma automática las licencias concedidas que vulneren la Ley de Costas. En este sentido, introduce la suspensión automática en vía administrativa (a instancia de la Administración del Estado) de los acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o servidumbre de protección.Se trata de favorecer una actuación cautelar rápida y eficaz que evite la ejecución de actos ilegales y que debe ir seguida de su impugnación ante los tribunales de lo contencioso-administrativo en el plazo de diez días.

Junto a esta medida defensiva, el nuevo marco regulatorio de la costa apuesta por la prevención como un elemento fundamental para su conservación. Para ello, entre otras actuaciones, introduce una importante reforma en relación con el uso de las playas.

En este caso, se establece un régimen diferenciado para las playas urbanas (las contiguas a suelos urbanizados) y para las playas naturales (junto a espacios protegidos o suelo rural). Para estas últimas, se impondrá un nivel de protección mayor aún al ya vigente y se restringirán las ocupaciones.

Fuente: EFE

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