El Parque Regional del Sureste, 31.550 hectáreas con 200 especies catalogadas (la mitad protegidas) en torno a los ejes de los cursos bajos de los ríos Jarama y Manzanares, nació en 1994 con una mancha de contaminación mortal para el medio ambiente en su corazón. Una enorme charca de chapapote de 50.000 metros cúbicos (equivalente a 20 piscinas olímpicas) a 800 metros del ámbito urbano de Arganda del Rey, más otros 70.000 metros cúbicos de los suelos circundantes, resultado del vertido entre 1989 y 1995 de hidrocarburos y aceites contaminantes en lo que era una laguna de aguas puras, se ha convertido en el último cuarto de siglo en la zona cero de la región. Tan peligroso que no es aconsejable acercarse en las horas de mayor calor del día, por el olor y los vapores tóxicos que emanan. Tan agresivo que quema al contacto por la elevada acidez del cóctel de aceites que Aceites Ulibarri-Piqsa desparramó durante seis años con total impunidad, ácido sulfúrico incluido, hasta que en 1998 quebró y desapareció (el delito prescribió justo entonces, tres años después del último vertido, favorecido por una legislación muchísimo más permisiva en lo que se refería al maltrato a la naturaleza).

Después de varios años de estudios, la Comunidad de Madrid ha diseñado un plan para erradicar la mancha de contaminación en un periodo de cinco a seis años. El presupuesto previsto es de 14,5 millones de euros, de los que el Gobierno regional espera que la Unión Europea financie la mitad a través de su programa Life +, que cuenta con un partida este año de 278 millones (la Comisión Europea se pronunciará en junio de 2014). “Confiamos en que Bruselas subvencionará este proyecto, ya que entre otras razones requiere de una apuesta por la innovación, por el I+D ya que la solución es muy compleja.

La UE está muy atenta porque implica cómo afrontar en el futuro posibles vertidos de este tipo. En cualquier caso, seguiremos adelante y zanjaremos este problema tan terrible”, afirma el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Borja Sarasola. Ante la imposibilidad de proceder judicialmente contra la compañía privada responsable de los vertidos, el Gobierno regional compró en diciembre de 2008 la parcela —de 6,4 hectáreas de las que 1,2 corresponden a la laguna— por 50.000 euros al acreedor al que la Agencia Tributaria destinó la parcela tras la disolución de Aceites Ulibarri-Piqsa.

Balsa de aceite en Arganda. http://www.espormadrid.es/

La presencia de aceites especialmente difíciles de manejar —no se pueden sacar sin más de la laguna por su capacidad de corrosión, temible hasta para los camiones que los transportasen— convierte a la restauración ambiental de la balsa de aceites usados en el mayor reto de estas características en España. Solo se tiene constancia de un caso similar en la UE, en Bélgica, en el que la solución fue cubrir el área contaminada. La Comunidad lo descartó tras estudiar todas las soluciones potenciales. “El objetivo es limpiar la zona por completo, no tapar el problema”, zanja el director general de Evaluación Ambiental del Ejecutivo autonómico, Mariano González.

La primera fase del plan de ataque para extraer los residuos y la descontaminación completa de la zona consistirá en el bombeo, ya en el segundo semestre de 2014, de los 1.600 metros cúbicos de la capa superior. Lo complicado vendrá después, con los más de 45.000 metros cúbicos restantes, cuya acidez se neutralizará en un proceso largo y complicado. Una vez controlada la acidez, los residuos se quemarían a 2.000 grados en alguna de las cementeras de fuera de Madrid capacitadas para el uso de materiales peligrosos como combustible. Esta parte del proceso se haría en Toledo, Córdoba o Almería. Una vez eliminado todo rastro de contaminantes, se construiría un centro de interpretación ambiental o de avistamiento de pájaros.

Técnicos de la empresa pública estatal Tragsa —participa en el proyecto junto al Imidra, la Universidad Politécnica y la ONG Seo Birdlife, especializada en aves— ya trabajan en la realización de accesos y pistas, así como en obras de refuerzo y creación de plataformas en las orillas de la laguna.

20.000 aves muertas

En 1989 la empresa Aceites Ulibarri-Piqsa comenzó a verter residuos tóxicos en la laguna, que se encuentra en una zona de paso de aves, desde halcones peregrinos, milanos negros a búhos reales. Desde entonces han muerto alrededor de 20.000 aves, según los cálculos del Grupo de Rehabilitación de la Fauna Autóctona (Grefa), ONG especializada en la recuperación de animales silvestres.

La Comunidad cifra en un centenar los pájaros muertos cada año desde que compró la parcela en 2009. “Hemos situado una máquina que cada 40 segundos emite el sonido de un disparo para impedir que las aves se posen a beber, porque si lo hacen ya están sentenciadas, las alas empapadas de hidrocarburos y quedan atrapadas”, observa Sarasola. Si no las mata el chapapote, lo hace el PH de la charca, muy ácido, ingerido al tomar lo que creen agua.

En este tiempo, la parcela ha sido vallada para dificultar la entrada de mamíferos y otros animales terrestres en el área contaminada.

Fuentes: El País, La Información.

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