El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, señaló ayer que el coste total del proyecto de almacenamiento subterráneo de gas Castor se sitúa alrededor de los 1.700 millones de euros. Durante su comparecencia ante la Comisión de Industria del Congreso, Soria recordó que la actividad de almacenamiento de gas está regulada y, por tanto, tiene la consideración de coste del sistema y se retribuye mediante la tarifa, aunque solo una vez que entra en funcionamiento, en el marco del sistema gasista.

Al mismo tiempo, Soria solicitó al Tribunal Supremo que declare lesiva una cláusula incluida en la autorización administrativa del almacén subterráneo de gas Castor que establece una indemnización en caso de que se paralice definitivamente el proyecto al considerarla “claramente abusiva para el interés general”.

“Creemos que si hay dolo o negligencia no hay que indemnizar nada”, apuntó Soria en declaraciones a los periodistas al finalizar la comparecencia, por lo que “hace muchos meses” el Consejo de Ministros decidió recurrirlo al Supremo.

El ministro detalló que la empresa gestora del almacén, Escal UGS, tiene reconocida una retribución por desarrollar esta actividad de 1.273 millones de euros, a lo que se añaden otros dos conceptos: hasta 186 millones por la inyección de gas colchón y hasta 234 millones por los costes financieros soportados hasta su entrada en funcionamiento. De esta manera, el coste total del proyecto rondaría los 1.700 millones, frente a los 700 millones presupuestados inicialmente. Sin embargo, el ministro no declaró quién tendría que sufragar estos costes en caso de que la instalación nunca llegue a entrar en funcionamiento y, por tanto, esa cantidad no pase al sistema.

Jose Manuel Soria en la comparecencia de ayer. EFE

El ministro recordó que esta instalación se consideró necesaria y “urgente” en la planificación del sistema gasista 2008-2016, pero que “en el momento actual” de caída de la demanda “es necesario realizar un nuevo análisis costes-beneficio” que tenga en cuenta la “infrautilización” de las infraestructuras de este sector. “El Gobierno (actual) ajustó la retribución y estableció una fase de pruebas”, en la que se encontraba la instalación en el momento de su paralización.

Soria reiteró que todavía no se dispone de un informe definitivo, pero los expertos apuntan a que existe una “relación directa” entre los movimientos sísmico y las inyecciones de gas, al tiempo que descartan “riesgos” relevantes. “Hasta que se tenga la absoluta certeza de que la instalación es segura (…) no va a reanudar su actividad”, insistió, al tiempo que instó a esperar a los informes definitivos de los expertos antes de decidir cuáles serán los siguientes pasos.

Riesgo muy limitado

El ministro subrayó que los expertos del IGME, del IGN, así como el resto de especialistas consultados coinciden en sostener “que existe un riesgo muy limitado de que haya movimientos sísmicos relevantes en el futuro” en la zona de la costa mediterránea afectada por la actividad de la planta de almacenamiento de gas Castor. “En el momento actual, las opiniones preliminares de los expertos apuntan a la existencia de una relación temporal entre los seísmos y las inyecciones de prueba del gas colchón por parte de la empresa”, confirmó el titular de Industria, al mismo tiempo que subrayó que los expertos coinciden en que no es procedente extraer el gas colchón inyectado porque “no se sabe cómo podría afectar al equilibrio de la estructura”. Por ello, sostuvo que desde que se dio la orden del Ministerio para paralizar su actividad la empresa no está inyectando gas en el almacenamiento.

“Hasta que no se tenga la absoluta certeza de que la instalación es segura el almacenamiento no se va reanudar, puesto que deberá contar con autorización del Ministerio”, aseguró. Además, ha señalado que se va a situar un nuevo sismógrafo en el término de Columbretes (Castellón) para obtener mayor precisión de los movimientos.

El proyecto Castor, con una inversión de 1.200 millones de euros, trata de aprovechar un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad bajo el nivel del mar, ubicado frente a las costas de Vinaròs (Castellón), para almacenar hasta un tercio de la demanda de gas del sistema durante 50 días. El Ministerio de Industria cesó la actividad de inyección de gas del proyecto el pasado 26 de septiembre para estudiar su posible relación con los cientos de pequeños seísmos que se están produciendo en la zona

Fuente: Expansión

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