Una primera revisión a las propuestas del Ministro Miguel Arias Cañete en su comparecencia en el Congreso de los Diputados podría llevarnos a pensar que el culpable de la crisis económica y la destrucción de empleo es un restrictivo marco normativo en materia de Medio Ambiente. Esa primera lectura podría llevarnos a pensar que el nuevo gobierno va a liberalizar totalmente la actividad económica y que eso va a crear empleo y activar la economía. Pero nada más lejos de la realidad.

¿Es la legislación ambiental una traba a la actividad económica y a creación de puestos de trabajo? No, nunca lo ha sido por diversos motivos:

- La normativa española es bastante descafeinada en relación a nuestro entorno económico.

- El poder de los agentes económicos para imponer su criterio frente a consideraciones científicas o técnicas, por no hablar de las puramente ecológicas o sociales durante el desarrollo legislativo.

- Deficiente aplicación de la norma, primando el mantenimiento de la actividad económica y los puestos de trabajo frente a la aplicación de sanciones o el cierre de actividades contaminantes.

- Carga a la cuenta pública de la reparación de daños ambientales causados por agentes económicos.

Imagen: http://agreenliving.org/

Así las cosas, por supuesto que, en la medida de lo posible, conviene “simplificar y racionalizar la normativa ambiental, siempre con respeto a las garantías ambientales exigibles”. Especialmente cuando el profuso, difuso y confuso marco legislativo ambiental español permite operar a la industria en condiciones que la hacen poco competitiva, nada creíble en el mercado exterior y muy costosa en términos de sanciones europeas por incumplimiento de las directivas europeas en materia de medio ambiente.

No basta el mero trámite. Someter a procesos de depuración al cien por cien de las aguas residuales no garantiza que se cumplan los objetivos mínimos de calidad establecidos por la Unión Europea, siendo este el verdadero reto.

Igualmente, en materia de atmósfera y con independencia de otras consideraciones, el cumplimiento de los compromisos en relación a emisiones atmosféricas y de gases de efecto invernadero tiene una incidencia directa en la salud de las personas y, por lo tanto, en el coste sanitario, así como en el modelo energético y este en la balanza de pago.

Un compromiso real con la sostenibilidad pasaría por diseñar toda la actividad económica desde el respeto a las mínimas reglas de juego establecidas en la legislación, lo que, en contra de destruir empleo, generaría puestos de trabajos cualificados. Ayudaría a implicar a los empleados en la organización para la que trabajan y, sobre todo, aumentaría la competitividad de los productos y servicios españoles.

Desde el punto de vista de la legislación ambiental, se presenta una legislatura interesante: encontrar el equilibrio entre los mensajes de aliento a los agentes económicos y el cumplimiento de las directivas europeas no va a ser fácil.

¿Qué papel vamos a tomar los profesionales en ese debate? Y los ciudadanos, siendo la legislación un instrumento destinado a garantizar el interés general ¿estamos preparados para ser parte activa en la reconfiguración el marco legal en materia ambiental?

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