A día de hoy,  todavía existen muchos ayuntamientos carecen de ordenanza municipal de residuos de construcción y demolición (RCD) e incumplen de forma sistemática la normativa que les obliga a dotarse de esa herramienta. Se han convertido así en “cooperantes necesarios para la comisión de delitos ambientales por parte de empresas y gestores ilegales de residuos de construcción”.

El incumplimiento generalizado de la Ley, especialmente del RD 105/2008, y la falta de ordenanzas municipales, o la no inclusión de los escombros no domiciliarios en estas, son la base del problema y el origen de buena parte de estos vertederos incontrolados.

Fuente: http://cartagenasisepuede.info/

Estos grandes vertederos ilegales, utilizados por empresas de todo tipo para enterrar lo que la ley determina que debe ser entregado a un gestor autorizado. También en este caso los ayuntamientos se sitúan en el origen del problema. La no solicitud de fianza al promotor–poseedor del residuo, hace que muchos gestores irresponsables entreguen los escombros a un gestor ilegal, ante la no obligación de presentar los correspondientes albaranes de entrega del residuo a una planta autorizada de gestión de RCD.

Desgraciadamente se trata de un hecho demasiado generalizado en todo el territorio nacional, que se cuentan por centenares los vertederos que practican una gestión irregular de residuos, básicamente consistente en recepcionar residuos de construcción y demolición que son directamente enterrados o abandonados, percibiendo dinero y por tanto ejerciendo una competencia desleal por dicha gestión, todo ello además sin las autorizaciones pertinentes para llevar a cabo ese tipo de actividad.

La gestión correcta de los “escombros” o residuos de construcción y demolición (RCD) es una de las principales asignaturas pendientes para la mayoría de los municipios españoles. Un aspecto importante es el volumen de este material; la construcción es el sector que más residuos genera, tras los urbanos, siendo responsable de la producción de más de 1 tonelada por habitante y año.

Con el objeto de evitar estas prácticas, los productores de RCD están obligados a incluir en los proyectos básicos y de ejecución un plan de gestión de residuos (PGR) en el que se acredite la correcta trazabilidad y gestión de los RCD generados, y su destino a valorización.

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