La restauración de las balsas de fosfoyeso de Huelva debe abarcar las 1.200 hectáreas de marismas que han sido ocupadas a lo largo de los 43 años de depósito de residuos por parte de Fertiberia y Foret. En ellas se incluyen también las zonas que fueron restauradas pero que, según un reciente estudio de la Universidad de Huelva, siguen vertiendo contaminantes al Tinto. Ese es el planteamiento que los integrantes de la Mesa de los Fosfoyesos hicieron en la primera reunión del órgano en el último año, en la que se acordó que un comité de expertos analice la situación de esa superficie y el proyecto presentado por Fertiberia para regenerarla.

Este órgano de participación cuenta con la representación de las administraciones, agentes sociales y colectivos vecinales y ecologistas para consensuar una solución para los terrenos ocupados por los residuos industriales (subproducto según la empresa) del proceso de fabricación de ácido fosfórico desarrollado durante cuatro décadas en la capital. El encuentro daba continuidad a la última reunión tras doce meses en blanco: en septiembre de 2014 ya se decidió encargar a un comité de expertos el estudio del proyecto presentado por la compañía de fertilizantes.

La semana pasada se daba un paso más al ampliar a las 1.200 hectáreas de terreno el análisis de la situación. El encuentro de la Mesa se producía el mismo día que Huelva Información adelantaba el trabajo del investigador Rafael Pérez-López, en el que se ha detectado que las cuatro zonas en las que están divididas las balsas están lixiviando contaminantes como arsénico, cadmio, uranio y zinc, incluidas las zonas 1 y 4, ya restauradas. En concreto, el estudio ha detectado un punto de fuga en las Marismas del Pinar (zona 1 de las balsas) y varios en Marismas de Mendaña (zona 4); además el trabajo encuentra numerosas salidas de borde en las zonas 2 y 3 .

Con esos datos sobre la mesa, los presentes en la reunión apostaron  por extender el trabajo de los expertos. De esas 1.200 hectáreas, 720 están incluidas en la concesión de uso del dominio público marítimo-terrestre que le fue retirada a Fertiberia; de ellas, unas 300 corresponden a la zona 4, restaurada por el Ayuntamiento de Huelva y la Junta de Andalucía y en las que se encuentran también las cenizas contaminadas con cesio-137 procedentes del accidente de Acerinox. Otras 450 corresponden a las Marismas del Pinar, ya revertidas al Estado. Esa diferenciación abre un interrogante no abordado ayer, ¿quién se hará cargo de la restauración de esa última zona? Desde Fertiberia se asegura que la empresa sólo tiene responsabilidad sobre las 720 hectáreas para las que tenía la concesión, que son las incluidas en la sentencia de la Audiencia Nacional (AN) que obliga al cese de vertidos y a restaurar la zona y para las que se ha elaborado el proyecto de restauración. “Si el Ayuntamiento quiere hacer algo con la otra zona es responsabilidad suya, pero no está bajo el paraguas del proyecto”, señala el director de Fertiberia en Huelva, Roberto Ibáñez, quien remarca que la empresa tiene una hoja de ruta: cumplir la sentencia de la Audiencia Nacional. Los integrantes de la Mesa, sin embargo, insistían ayer: se estudiará la restauración integral, se seleccionará la mejor alternativa, y, aseguraban algunos de ellos, “ya hablaremos de quién lo paga”.

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La comisión de expertos se ocupará por ahora del qué se hace. La Universidad de Huelva, que acumula un largo listado de publicaciones y estudios sobre las balsas de fosfoyeso, será la encargada de conformar el comité. Será el propio rector, Francisco Ruiz, el que en el plazo de un mes tendrá que seleccionar a los integrantes de esta comisión no sólo entre especialistas de la Universidad, sino dando cabida a profesionales de otras instituciones y provincias. Se trata de escoger a los mejores, para una vez constituida la comisión, establecer un plan de trabajo calendarizado que incluya ese análisis de la situación. Y ello sin olvidar, reivindicaba el portavoz popular Ángel Sánchez, a los expertos del Instituto Geológico y Minero y la Empresa para la Gestión de Residuos Industriales (Emgrisa) que ya están trabajando en el estudio del proyecto de Fertiberia. Algo en lo que insistía el subdelegado del Gobierno, Enrique Pérez Viguera, recordando que el Gobierno está siguiendo las directrices de la Audiencia Nacional de supervisión y autorización del proyecto de Fertiberia: “Nos tenemos que mover dentro de unos plazos”.

Más allá de la voluntad política o ciudadana, la Mesa corre contra el tiempo judicial marcado para la ejecución de la sentencia de la Audiencia. El dictamen de la AN en 2007 establecía la obligación de cesar los vertidos, no abrir nuevas balsas, establecer un aval que garantizase la regeneración de los suelos ocupados por los fosfoyesos y restaurar la marisma. Las tres primeras condiciones se han cumplido y la Audiencia, instada por WWF (parte en el procedimiento judicial), se ha dirigido en varias ocasiones tanto a la empresa como al Ministerio de Medio Ambiente para reclamar la regeneración de los suelos, encomendando a la Administración del Estado la “determinación, dirección, seguimiento y control de la ejecución de los trabajos necesarios”. De hecho, el Ministerio envía informes periódicos sobre los trabajos ejecutados a la Audiencia Nacional, algo que ha tenido que hacer también la empresa.

Medio Ambiente será el encargado de dar su visto bueno al proyecto antes de que este pueda empezar la tramitación ambiental. El Ministerio comunicó a la Audiencia la necesidad de realizar estudios complementarios antes de dar luz verde al plan, informes que se están ejecutando y que Fertiberia prevé presentar en el mes de noviembre. Si el proyecto se considera entonces idóneo, el Ministerio lo remitirá a la Audiencia Nacional para que esta dé traslado a las partes personadas en el proceso (WWF y Mesa de la Ría) e iniciar posteriormente el procedimiento de tramitación ambiental: Declaración de Impacto Ambiental (DIA) por parte del Ministerio y modificación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) por parte de la Junta de Andalucía.

En ese procedimiento habría que insertar las propuestas que puedan salir del comité de expertos. El plan presentado por Fertiberia pasa por dejar los residuos en el terreno, eliminar el agua y controlar las escorrentías, cubrir las balsas con una capa de polietileno de alta densidad, arcilla y tierra y reforestar la zona. Para culminar el proceso harían falta tres décadas, puesto que el drenaje del agua sería lento.

Este plan sigue las directrices marcadas en los estudios realizados por la empresa Tragsatec por encargo del Ministerio de Medio Ambiente, que incluían la cobertura de las balsas. De hecho, la Audiencia Nacional establecía en uno de sus autos que deberían de cumplirse esas prescripciones. No obstante, el proyecto de la empresa ha sido rechazado públicamente por la mayor parte de los integrantes de la Mesa. ¿Cómo cambiarlo entonces en plena ejecución de sentencia? Algunos de los integrantes del órgano miran a los procedimientos de información pública de la evaluación ambiental como fórmula para insertar las propuestas que puedan hacer los expertos. La Mesa de la Ría propone otra vía: que el Ayuntamiento emita un informe de compatibilidad urbanística negativo que paralice la tramitación de la AAI, algo que considera posible; el alcalde, Gabriel Cruz, advierte por contra que Ayuntamiento y Junta “tienen una normativa urbanística y ambiental que también tienen que cumplir”.

Fuente: http://www.huelvainformacion.es/

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