El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha aprobado el Programa de Trabajo 2026-2030 del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC), una hoja de ruta con 187 medidas para anticipar, reducir y gestionar los impactos del cambio climático sobre la población, la economía y los ecosistemas en España.

La aprobación se ha formalizado mediante la Orden TED/1240/2026, de 16 de noviembre, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 19 de noviembre.  El nuevo programa da continuidad al desarrollado durante el periodo 2021-2025 y actualiza las prioridades de actuación del PNACC, el principal instrumento estatal de coordinación de las políticas de adaptación al cambio climático, a partir de los avances científicos y de la evolución de los riesgos climáticos.

187 medidas de adaptación climática

El Programa de Trabajo 2026-2030 toma como referencia la Evaluación de Riesgos e Impactos derivados del Cambio Climático en España (ERICC 2025), que ofrece una valoración sistemática de los principales riesgos climáticos a los que se enfrenta el país. A partir de esa base, prioriza actuaciones que requieren una respuesta urgente y coordinada.

El documento incorpora la adaptación climática en ámbitos como la salud, el agua, la biodiversidad, la agricultura, la energía, las infraestructuras, el transporte, el turismo y la actividad económica. En total, incluye 165 medidas sectoriales distribuidas en 18 ámbitos de gestión pública y 22 medidas transversales.

Las medidas transversales abordan, entre otros aspectos, las dimensiones territoriales y sociales de la adaptación, los efectos transfronterizos, los costes y beneficios de las actuaciones y la prevención de la mala adaptación. Cada medida dispone de una ficha específica con su valor estratégico, calendario de aplicación, antecedentes, beneficios esperados, indicadores de cumplimiento y departamentos responsables.

Salud, agua, costas e infraestructuras

Entre las principales actuaciones figura la creación de una Plataforma de Servicios Climáticos, concebida para facilitar información y herramientas que permitan anticipar riesgos y apoyar la toma de decisiones. El instrumento será especialmente relevante para sectores dependientes de las condiciones climáticas, como la agricultura y las energías renovables.

En salud, el programa prevé impulsar una Red Estatal de Refugios Climáticos y reforzar la prevención frente al calor extremo, con atención específica al entorno laboral y a los grupos más vulnerables. En agua y recursos hídricos, se fortalecerán las políticas locales de prevención del riesgo de inundación, la información disponible y las acciones orientadas a promover una cultura de autoprotección.

El programa también plantea integrar la adaptación en las políticas de conservación de la biodiversidad y de las áreas protegidas, prevenir los efectos de los incendios forestales en la interfaz urbano-forestal y promover modelos agrícolas, ganaderos y pesqueros más resilientes. En costas y medio marino, se impulsarán actuaciones para adaptar el litoral, recuperar ecosistemas costeros y mejorar la planificación de los municipios costeros.

Las ciudades, los edificios y las infraestructuras incorporarán los riesgos climáticos en su diseño, construcción y gestión. Además, se promoverá el principio de resiliencia desde el diseño en nuevas infraestructuras energéticas. Movilidad, transporte, industria, servicios y turismo contarán con medidas para evaluar vulnerabilidades, reforzar la respuesta ante fenómenos extremos y adaptar sus modelos de actividad.

Participación de ministerios y administraciones

La elaboración del Programa de Trabajo 2026-2030 ha contado con la participación de 19 ministerios del Gobierno de España y con aportaciones de la comunidad científica y técnica, las administraciones autonómicas y locales, organizaciones sociales y ciudadanía. Durante el proceso se recibieron más de un millar de propuestas.

Aunque el programa se dirige de forma prioritaria a la Administración General del Estado y a otros organismos públicos estatales, también se plantea como marco de referencia para el conjunto de administraciones públicas y agentes sociales y económicos. El documento incluye actuaciones en investigación e innovación, educación climática y capacitación profesional, así como medidas para mejorar el conocimiento de los riesgos sobre infraestructuras críticas y sus posibles efectos sobre la paz, la seguridad y la cohesión social.

Fuente: construible.es