El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes el decreto con los planes hidrológicos para 2023-2027 para las demarcaciones del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar y de la parte española del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Guadiana, Ebro y Tajo, que incluye la creación de caudales ecológicos que, en el caso de este último río, supondrá recortar a partir de 2025 la cantidad de agua que podrá trasvasarse al Segura, lo que ha puesto en pie de guerra a las provincias de Alicante y Almería y a la Región de Murcia. En contra de lo que estas reclaman, con el barón socialista y presidente valenciano, Ximo Puig, a la cabeza, el acuerdo del Gobierno no contempla una revisión de los caudales de los ríos antes de empezar a recortar el trasvase a partir de 2025.

De este modo, los planes para la gestión del Tajo y, como consecuencia, para el trasvase Tajo-Segura, quedan inamovibles sobre el acuerdo que la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, defiende que se alcanzó en noviembre en el Consejo Nacional del Agua. Consistía en fijar un caudal ecológico para el río Tajo, tal y como dictaban cinco sentencias del Tribunal Supremo, que suponía que el mantenimiento de una cantidad de agua que no puede tener uso industrial o agrícola. Como consecuencia, habrá menos agua disponible para trasvasar desde la cabecera del Tajo al Segura no desde el primer momento, sino a partir de 2025. Hasta entonces, el Gobierno prevé que las tres provincias afectadas -Alicante, Murcia y Almería- dispongan respectivamente de 1.100, 540 y 44 millones para poner en marcha infraestructuras para desalar y reutilizar agua con que poder afrontar a partir de ese año una reducción del trasvase.

El texto que aprobará este martes el Gobierno no introduce ninguna modificación con respecto a estos planes que responden a las exigencias de Castilla-La Mancha de crear un caudal ecológico en el Tajo y que, por el contrario, han sublevado al Levante, no solo a regantes y políticos del PP, sino también a alcaldes y hasta un presidente autonómico del PSOE. Todos ellos se dejaron ver y protestaron hace dos semanas en una concentración delante del Ministerio de Transición Ecológica, en Madrid, que reunió a unas 4.000 personas, según Delegación del Gobierno.

Concentración en Moncloa

El Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), convocante de aquella concentración, ha organizado otra este martes frente al Palacio de la Moncloa mientras se reúne el Consejo de Ministros, con el objetivo de intentar parar una decisión que creen que irá en contra de sus intereses. Los regantes consideran que «ya solo el Consejo de Ministros puede salvar al Levante del recorte del trasvase».

El valenciano Ximo Puig ha sido muy beligerante contra lo que denuncia que fue un cambio de planes en el último momento en contra de lo que habría votado mayoritariamente el Consejo Nacional del Agua. En contra de la versión que defiende Ribera, el Gobierno valenciano afirma que lo que el texto que acordaron Ministerio y comunidades incluía una disposición que establecía que antes de empezar a disminuir el caudal trasvasado del Tajo al Segura en 2025 se haría una evaluación del estado de las masas de agua para ver si era oportuno. Valencia denuncia que Ribera extrajo esta disposición del borrador del decreto que antes de Navidad envió al Consejo de Estado, por vía de urgencia, para que emitiera el dictamen preceptivo. El documento, que no tiene carácter vinculante, llegó el jueves pasado y este martes el Consejo de Ministros aprobará el decreto. El jueves pasado, tras emitir el Consejo de Estado su dictamen, del que se desconoce el contenido, la Comunitat Valenciana volvió a pedir diálogo al Ministerio, al mismo tiempo que se prepara para recurrir el decreto.

El PP de Murcia denuncia directamente la intención de Ribera de «cerrar» el trasvase y ha pedido la dimisión de la vicepresidenta y este lunes el presidente del PP valenciano, Carlos Mazón, ha indicado que espera «un milagro» con el trasvase Tajo-Segura y ha advertido de que «el daño puede ser irreversible, irreparable e histórico».

Por su parte, Ribera en todo este tiempo ha dado pocas muestras de ir a condicionar la implantación de un caudal ecológico en el Tajo que se justifica por motivos del cambio climático al estado de este río y del Segura antes de 2025. «Nuestra obligación es velar por el interés general y responder de la mejor manera a todas las peticiones de todas las partes, pero eso no significa que podamos responder exactamente a cada una de las peticiones con el particular énfasis local que cada una de las partes, porque no son compatibles entre sí», dijo horas después de la concentración ante su ministerio.

Certificado de Ahorro Energético

Por otra parte, el Consejo de Ministros también tiene previsto aprobar una modificación del Sistema de Certificados de Ahorro Energético para permitir que las empresas comercializadoras de energía que tienen que fijar objetivos anuales puedan intercambiarlos e incluso comerciar con ellos, a cambio de aplicar medidas de eficiencia energética.

El real decreto es el final de un proyecto que se sometió a información pública en julio del año pasado y busca que las comercializadoras de energía puedan cumplir sus obligaciones de ahorro «de un modo más flexible y eficiente». Supone una modificación del Sistema Nacional de Obligaciones de Eficiencia Energética (SNOEE) que desde 2014 asigna a gasistas, eléctricas y petroleras una cuota anual de ahorro energético. La fija el Gobierno cada año por medio de una Orden Ministerial, así como su equivalencia financiera con la que tienen que contribuir al Fondo Nacional de Eficiencia Energética.

Según indicó Transición Ecológica cuando en julio abrió la consulta pública, el objetivo de la flexibilidad que ha acordado este martes para este sistema implica que estas empresas podrán sustituir una parte de sus pagos al Fondo Nacional por un ahorro de energía final equivalente, suyo o de sus clientes.

Fuente: 20minutos