La Comisión Europea ha presentado una propuesta de Directiva sobre justificación y comunicación de afirmaciones ambientales explícitas. El objetivo de esta propuesta es establecer criterios comunes contra el ‘greenwashing’ (blanqueo ecológico) y las declaraciones ambientales engañosas sobre productos y servicios. Tras el procedimiento legislativo ordinario, la propuesta de Directiva estará sujeta a la aprobación del Parlamento y el Consejo Europeo.
Un estudio de la Comisión de 2020 destacó que el 53,3% de las declaraciones ambientales examinadas en la Unión Europea resultaron vagas, engañosas o infundadas y el 40% carecían de fundamento. La ausencia de normas comunes para las empresas que realizan declaraciones ecológicas voluntarias conduce a un ‘blanqueo ecológico’ y crea un campo de juego desigual en el mercado de la UE, en detrimento de las empresas verdaderamente sostenibles.
Con arreglo a la propuesta presentada, los consumidores disfrutarán de mayor seguridad y mejor información para elegir productos y servicios que no dañen el medio ambiente. Además, las empresas también se beneficiarán, ya que aquellas que hagan un esfuerzo por mejorar la sostenibilidad medioambiental de sus productos serán más fácilmente reconocidas y recompensadas por los consumidores y podrán aumentar sus ventas, en lugar de enfrentarse a una competencia desleal.
Esta propuesta complementa la propuesta de marzo de 2022 sobre ‘Empoderar a los consumidores para la transición ecológica‘ al proporcionar reglas más específicas sobre reclamos ambientales, además de una prohibición general de publicidad engañosa.
Información confiable, comparable y verificable
Según la propuesta, cuando las empresas opten por hacer una ‘declaración verde’ sobre sus productos o servicios, deberán respetar normas mínimas sobre cómo fundamentan estas afirmaciones y cómo las comunican.
La propuesta se dirige a afirmaciones explícitas, como por ejemplo: ‘camiseta hecha con botellas de plástico recicladas’, ‘entrega con compensación de CO2’, ‘embalaje hecho con un 30% de plástico reciclado’ o ‘protector solar respetuoso con el océano’. Además, pretende hacer frente a la proliferación de etiquetas, así como a las nuevas etiquetas ambientales públicas y privadas.
Asimismo, abarca todas las reclamaciones voluntarias sobre los impactos ambientales, aspectos o desempeño de un producto, servicio o el propio comerciante. Sin embargo, excluye las declaraciones que están cubiertas por las normas de la UE existentes, como la etiqueta ecológica de la UE o el logotipo de alimentos orgánicos, porque las leyes actuales ya garantizan que estas declaraciones reguladas sean confiables.
Antes de que las empresas comuniquen cualquiera de los tipos cubiertos de ‘afirmaciones ecológicas’ a los consumidores, dichas afirmaciones deberán verificarse de forma independiente y probarse con evidencia científica. Como parte del análisis científico, las empresas identificarán los impactos ambientales que realmente son relevantes para su producto, así como también identificarán las posibles compensaciones para brindar una imagen completa y precisa.
Normas y etiquetas ambientales claras
Varias reglas garantizarán que las reclamaciones se comuniquen con claridad. Por ejemplo, ya no se permitirán declaraciones o etiquetas que utilicen una puntuación agregada del impacto ambiental general del producto, a menos que así lo establezcan las normas de la UE. Si se comparan productos u organizaciones con otros, dichas comparaciones deben basarse en información y datos equivalentes.
La propuesta también regulará las etiquetas ambientales. Actualmente hay al menos 230 etiquetas diferentes y hay evidencia de que esto genera confusión y desconfianza en el consumidor. Para controlar la proliferación de tales etiquetas, no se permitirán nuevos esquemas de etiquetado público, a menos que se desarrollen a nivel de la UE, y cualquier nuevo esquema privado deberá mostrar una mayor ambición ambiental que los existentes y obtener una aprobación previa para ser permitido. Existen reglas detalladas sobre las etiquetas ambientales en general: también deben ser confiables, transparentes, verificadas de forma independiente y revisadas periódicamente.
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