La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, en sus siglas en inglés) adoptará medidas para reducir las emisiones de carbono de las centrales energéticas del país. La nueva regulación, que será aprobada por el presidente Obama a través de sus poderes ejecutivos, es la reforma más ambiciosa de un mandatario estadounidense en la lucha contra el cambio climático y la contaminación.

El mandatario estadounidense insistió este lunes en que la propuesta “no es una idea nueva” y que equiparará a EE UU con los líderes en la lucha contra el cambio climático. “Las emisiones de dióxido de carbono son responsables de los efectos del cambio climático y las plantas energéticas son responsables de esas emisiones”, afirmó Obama. “Estas medidas nos ayudarán a proteger la salud de los ciudadanos más vulnerables, como los niños y los mayores”.

Las próximas normas de la EPA afectarán a las 1.600 plantas que ya funcionan en el país y reducirán en un 30% las emisiones en 2030 con respecto a los niveles de 2005. El presidente defendió las medidas en su mensaje semanal de este domingo y afirmó que casi el 40% de la contaminación por carbono proviene de las plantas energéticas. El nuevo plan supone también recortar la contaminación por partículas, óxidos de nitrógeno y azufre en más del 25%, por lo que, además de ayudar a la lucha contra el calentamiento global, tendrá beneficios directos para la salud de los ciudadanos.

“Hoy por hoy no existen límites nacionales en la cantidad de contaminación de carbono que liberan dichas plantas en el aire que respiramos. Ningún tipo de límites”, dijo Obama. El presidente explicó durante su discurso este fin de semana, grabado en el Centro Médico Nacional para Niños de la capital, que la legislación estadounidense sí limita la cantidad de productos químicos tóxicos, como el mercurio o el azufre, que pueden arrojar, pero no en el caso del carbono. “Esto no es inteligente, no es sano y no tiene sentido”.

“Si sus hijos no tienen que utilizar un inhalador, pueden considerarse afortunados”, afirmó este lunes Gina McCarthy, directora de la EPA, durante el anuncio de este lunes. “Uno de cada diez niños estadounidenses dependen de esa ayuda para respirar. Ningún padre debería preocuparse de esto”. McCarthy aseguró que la regulación no supone una ruptura con el pasado, sino que EE UU empleará tecnologías ya existentes para avanzar “en el progreso que ya hemos empezado”.

El presidente defendió durante su discurso semanal que la reducción de las emisiones de carbono contribuirá a que, en el primer año se evitarán 2.100 infartos y otras 100.000 personas menos sufran ataques de asma. “No tenemos que elegir entre la salud de nuestra economía y la de nuestros niños. Como presidente y como padre, me niego a condenar a nuestros hijos a un planeta que ya no tenga salvación”.

Tanto la Casa Blanca como la autoridad medioambiental han vinculado el impacto del cambio climático con los crecientes problemas de salud de los estadounidenses, así como sus costes económicos. “La falta de acción contra el cambio climático nos está costando más dinero en más sectores y más a menudo”, afirmó McCarthy, quien citó 2012 como el año más caro para EE UU en desastres naturales.

Las medidas de la EPA llegan en un momento de profunda división política en Washington, donde la mayoría republicana en la Cámara de Representantes impide el avance de propuestas demócratas. El presidente ya fracasó en su intento para aprobar una ley medioambiental durante su primer mandato, por lo que en esta ocasión legislará mediante los poderes ejecutivos que le reconoce la Ley de Aire Limpio de 1970, según informa The New York Times.

La nueva regulación ha sido recibida en Europa como la acción “más contundente” por un gobierno estadounidense, en palabras de la comisaria Connie Hedegaard. “Esto demuestra que EE UU se toma en serio el cambio climático”, afirmó en un comunicado.

McCarthy explicó este martes que las nuevas medidas han sido redactadas “con una buena dosis de sentido común” y que incluye “objetivos asequibles” para el sector. La decisión de cómo abordarlos dependerá de los gobiernos estatales, que podrán realizar cambios en su sistema eléctrico para adaptarlo a las nuevas normas, bien adoptando fuentes de energías renovables o bien participando en un programa de intercambio conocido como “cap-and-trade”. En este mercado, los Estados pueden comprar y vender permisos para contaminar a cambio de aceptar otros límites a sus emisiones. “Cuantos más estados participen, mayor flexibilidad habrá y menores serán los costes para todos”, defendió la directora de la EPA.

La nueva regulación puede afectar profundamente al funcionamiento de las plantas energéticas, a las que se responsabiliza de la mayor emisión de gases de efecto invernadero y de contribuir al calentamiento del planeta. El pasado mes de mayo, la Casa Blanca presentó un informe en el que demostraba los estragos del cambio climático, que ya ha dejado de ser una amenaza futura y se ha convertido en un problema real.

Obama encargó hace un año a los responsables de la EPA que preparasen estas regulaciones en consulta con expertos, empresarios de los sectores afectados, así como gobiernos estatales y locales. Anticipando el rechazo que pueda sufrir esta normativa por parte de líderes republicanos, el presidente citó en su discurso que una docena de Estados ya han puesto en marcha medidas similares y que es Washington quien debe “ponerse al día” y avanzar “con el resto del país”. Este lunes, McCarthy aportó un argumento más: “Debemos convertir las amenazas del cambio climático en posibilidades de negocio. Las oportunidades son infinitas”.

La agencia medioambiental de EE UU reveló en septiembre del año pasado los dos ejes del plan de lucha contra el cambio climático de Obama, pero este solo afectaba a las plantas de nueva edificación. Ese mismo año, en su discurso sobre el estado de la Unión, el presidente vinculó una vez más los incendios o las grandes tormentas que asolaron zonas intactas décadas antes como consecuencia de las emisiones, y anunció que emplearía sus poderes ejecutivos si el Congreso no aprobaba una legislación propia.

Fuente: El País