El consejero delegado de Refinería Balboa, Juan Sillero, sociedad que promueve la construcción de un oleoducto que enlazará el Puerto de Huelva con Los Santos de Maimona (Badajoz), donde se levantará la refinería, defendió ayer en Sevilla que el proyecto se ha realizado en todo momento siguiendo las directrices marcadas por las administraciones implicadas, Junta de Andalucía, Junta de Extremadura y Gobierno central, por lo que aseguró no entender el informe negativo emitido por la Consejería andaluza de Medio Ambiente.

El proyecto de Refinería Balboa concluyó su tramitación en febrero y ahora se encuentra a la espera de recibir la declaración de impacto ambiental (DIA) que emite el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, que contaba con un plazo de tres meses para pronunciarse.

Sin embargo, una vez que todos los trámites estaban cumplimentados, Refinería Balboa recibió la notificación de un informe de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de la Junta que pone en cuestión los estudios ambientales realizados por Balboa.

Juan Sillero aseguró no entender esa valoración contraria, que consideró que «carece de fundamento técnico», y alegó que tanto el trazado del oleoducto como las medidas correctivas que contempla el proyecto han sido consensuados con los técnicos de la Administración andaluza, con quienes han trabajado codo con codo en la tramitación de la DIA.

De este modo, consideró que la «única justificación» que encuentra el actual estado de bloqueo del proyecto responde a «una falta de voluntad política». Y agregó que «no se está actuando debidamente, al alargar el proyecto de forma innecesaria».

El director del proyecto, Edgar Rasquin, precisó que Balboa ha remitido ya un contrainforme a todas las administraciones en el que desmonta una por una todas las dudas planteadas sobre posibles vertidos y accidentes y su impacto sobre Doñana «con argumentos técnicos».

El oleoducto de Balboa está paralizado en espera de la tramitación de su DIA. Foto 20 minutos

Rasquin aclaró que los estudios encargados por Balboa no aluden al impacto real del proyecto una vez que esté en operación, sino que aborda eventuales riesgos, al tiempo que lamentó que no se hayan requerido los mismos estudios para iniciativas similares como la ampliación de la refinería de Cepsa en Huelva y la de Repsol en Cartagena, que han finalizado sus proyectos mientras el de Balboa sigue estancado. Reseñó que el trazado elegido para el oleoducto es el que cuenta con una menor afección medioambiental, aprovechando otras infraestructuras existentes como carreteras, y fue consensuado con las tres administraciones implicadas.

Rasquin apuntó que la infraestructura no discurre por Doñana, sino que el trazado, en su punto más cercano se sitúa a 20 kilómetros del parque nacional. Precisamente, el posible impacto sobre Doñana fue uno de los asuntos tratados en la misión de la Unesco que visitó este entorno natural y que planteó algunas dudas sobre el proyecto.

Los directivos de Refinería Balboa aclararon, no obstante, que el Ministerio de Medio Ambiente, la consejería y el Consejo de Participación de Doñana aportaron a los miembros de la Unesco información «no actualizada e incompleta», que les llevó a emitir unas conclusiones erróneas. Así, el informe de la Unesco señalaba que no habían recibido ningún estudio de impacto ambiental, cuando el citado informe obra en manos del MARM desde enero del 2008, precisó Rasquin. Además, desde la Unesco se indicaba que el promotor sugirió siete rutas alternativas para el trazado, una de las cuales podría afectar al espacio natural, aunque esa información correspondía a la fase inicial del proyecto, ya que desde el 2008 existe un trazado consensuado con las administraciones. Rasquin se quejó además de que no contasen con Balboa para poder explicar en detalle el proyecto, así como las medidas preventivas adoptadas

Sillero advirtió que si el proyecto Balboa no se aprobara por ser «inasumible» el riesgo ante un hipotético derrame de hidrocarburo, «se perjudicaría a los puertos de Sevilla y Huelva, al impedirse el aumento del tráfico marítimo y la implantación de nuevas actividades».