La crisis climática plantea el desafío de tomar medidas urgentes que conduzcan a la mitigación del cambio climático, reduciendo los gases de efecto invernadero a través de la descarbonización de la economía, pero también plantea el reto de la adaptación de la sociedad y los ecosistemas a los efectos provocados por el cambio climático.
La adopción de medidas de mitigación y adaptación debe de hacerse de una forma justa y equilibrada, poniendo el foco en aquellos colectivos que presentan una mayor vulnerabilidad ante este contexto.
Uno de los compromisos de la Declaración es reforzar los mecanismos de participación ya existentes con el establecimiento de una Asamblea Ciudadana para el Clima. Este compromiso se consagra en la Ley 7/2021 de 20 de mayo, de Cambio climático y Transición energética que refuerza el alcance de la participación ciudadana en diferentes facetas, como en su acción y toma en consideración de sus opiniones.
En el informe ‘Una España más segura y justa ante el cambio climático, ¿cómo lo hacemos?’ podremos ver puntos como: la organización de la Asamblea, metodología de la Asamblea, principales voces de la Asamblea, roles y funciones de la estructura de gobernanza, entre otros temas.
