El pasado 13 de diciembre, el Consejo de Ministros dio el visto bueno al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que será remitido a las Cortes con el objetivo de que entre en vigor en este año 2023. De esta forma se cumplirá uno de los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) acordado con la Comisión Europea. Esta norma tiene como objetivo modernizar la movilidad con nuevas tecnologías y promover la descarbonización del transporte, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

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¿Cuáles son los cuatro pilares básicos en los que se basa esta Ley?

1.Promover la movilidad como derecho social, situando al ciudadano en el centro de las políticas públicas y facilitando una movilidad adaptada a las necesidades de todos los ciudadanos y ciudadanas. Además, se pretenden implementar soluciones de movilidad para todas las personas, sin importar en lugar en el que vivan, priorizando dar solución a las necesidades de movilidad del día a día.

Un ejemplo de lo que encontraremos en la norma, es que las empresas con más de 500 empleados deberán elaborar planes de movilidad sostenible en el trabajo en los que faciliten el uso del transporte público o compartido, vehículos eléctricos o la bici para el transporte diario de los empleados y empleadas.

2.Conseguir una movilidad limpia y saludable, impulsando una movilidad urbana respetuosa con el medio ambiente, promoviendo la movilidad a pie, en bici y la micromovilidad, y mejorando la competitividad en el transporte de mercancías implementando medidas para aumentar la eficacia y la competitividad.

3.Impulsar un sistema de transporte digital e innovador, impulsando la digitalización del transporte y promoviendo la implantación de soluciones innovadoras de movilidad. También se incluye la regulación del vehículo automatizado con el fin de introducirlo en el sistema de transportes de forma progresiva y segura.

4.Mejoras la inversión al servicio de los ciudadanos, dando especial importancia al mantenimiento y seguridad de las infraestructuras de transporte, reforzando la participación pública a la hora de tomar decisiones de las inversiones públicas y fomentando un sistema de financiación de transporte público que mejore la eficiencia.

Además, la norma busca reforzar el papel de las zonas de bajas emisiones, reguladas en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que acaban de entrar en funcionamiento con la llegada de 2023.

Una mejora en la movilidad impacta de manera positiva en la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas, ya que la movilidad es fundamental para que las personas tengan acceso al trabajo y a servicios públicos esenciales como son la educación y la sanidad, a las que todos y todas tenemos derecho. Tampoco debemos olvidar el efecto de la movilidad sobre el cambio climático. Es imprescindible la adaptación del sistema de transporte hacia una movilidad limpia, sostenible y menos vinculada a la utilización del vehículo privado para frenar este fenómeno global.

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