Tomando el año 1961 como referencia, la temperatura media anual en España ha aumentado alrededor de 1,75 º C, concentrándose la mayor aceleración de esta subida en el siglo XXI. Entre 2001 y 2025 se han contabilizado 91 olas de calor, más del doble que los 43 episodios registrados en el período 1976 a 2000. Las precipitaciones medias anuales muestran una tendencia a una mayor torrencialidad concentrada en menos días de lluvia. Se observan episodios severos de sequía meteorológica e hidrológica intercalados con episodios dana y precipitaciones intensas en municipios mediterráneos e interiores.
Respecto a proyecciones climáticas, se prevé un incremento medio regional de entre 1,5 º C y 2,5 º C para el horizonte 2035 – 2050 en relación a niveles preindustriales y dependiendo del escenario de emisiones que se tome como referencia; por ejemplo, RCP 4.5., RCP 8.5, etc. Los veranos alargarán estructuralmente sus condiciones extremas a los meses de mayo y junio. Se proyecta una reducción de la precipitación acumulada anual de entre un 10 – 20% en la mitad sur e interior peninsular hacia 2050. Un incremento de los riesgos por las conocidas como islas de calor urbana (ICU) en entornos municipales densos, mayor frecuencia e intensidad de lluvias torrenciales puntuales – inundaciones “relámpago” – pudiendo afectar esto a infraestructuras urbanas y drenajes municipales.
Si se revisa el año 2025, se registraron tres olas de calor en la Península y Baleares y dos en Canarias. Se superaron los 45 º C en municipios del sur peninsular como Jerez de la Frontera (45,8ºC) y Morón de la Frontera (45,2ºC). No ha habido olas de frío duraderas, pero sí algún episodio puntual como el de enero de -11,2 º C en Molina de Aragón y -9,6 º C en Teruel.
Este año 2026, se han registrado 61 días bajo situación de ola de calor durante el verano.
Estas alteraciones climáticas no sólo afectan a los ecosistemas sino también al funcionamiento diario de pueblos y ciudades. Cómo se realiza la gestión del agua urbana, cómo afectan estas circunstancias a la salud pública, a las infraestructuras o a la economía local son cuestiones que están empezando a ser prioritarias.
Los ayuntamientos y resto de administraciones locales ya no debaten si deben actuar o no sino cómo deben actuar para hacerlo con garantías técnicas, rigor y con eficacia financiera.
Justo este verano, por cuestiones laborales, he estado realizando un diagnóstico de municipios extremeños en materia de clima y energía. En concreto, han respondido 57 de ellos. Se percibe con claridad un gran déficit en la gestión debido, entre otros, a la falta de personal técnico que sea capaz de redactar, implantar y desarrollar un plan local de adaptación y mitigación del cambio climático. Algunos de los municipios sí están adheridos al Pacto de las Alcaldías por el Clima y la Energía, pero son pocos los que cuentan con Planes de Acción por el Clima y la Energía Sostenible (PACES) o planes similares.
En nuestra formación, abordamos tanto la parte de adaptación, como la de mitigación y la huella de carbono local.
Desarrollo e implantación de PACES: una vía de trabajo para el profesional del sector ambiental
Un PACES ha dejado de ser un documento de buenas intenciones o una adscripción simbólica a redes internacionales. En el contexto actual de la administración pública española ha pasado a convertirse en una herramienta estratégica operativa central para la gobernanza, la gestión presupuestaria y la transformación del territorio a escala local.
Entre las ventajas que puede obtener un ayuntamiento cuando desarrolla un PACES están las siguientes:
1) Acceso a financiación pública y ventaja competitiva: criterio de baremación.
En determinadas convocatorias europeas y estatales – fondos FEDER, programas del MITECO, IDAE o planes autonómicos – contar con un plan climático aprobado es un requisito indispensable e incluso criterio determinante en la baremación de puntos.
Para financiar proyectos de rehabilitación energética en edificios públicos, zonas de bajas emisiones (ZBE), renaturalización urbana o infraestructuras hidráulicas, la administración valora y en ocasiones, exige, demostrar que la medida responde a un diagnóstico formalizado previo a la evaluación de vulnerabilidades e inventarios de emisiones.
2) Planificación técnica frente a la improvisación y los eventos extremos.
El PACES permite disponer al ayuntamiento de un inventario básico de emisiones (IBE) y de una evaluación de riesgos y vulnerabilidades climáticas (ERVC) que permite mapear qué barrios e infraestructuras sufren mayor riesgo de isla de calor, inundaciones, estrés hídrico, etc.
Priorización de inversiones presupuestarias: transforma la inversión municipal en un conjunto de actuaciones jerarquizadas por su retorno ambiental, social y económico, evitando actuaciones reactivas o improvisadas tras sufrir un desastre climático.
3) Eficiencia económica y reducción del gasto corriente municipal
Ahorro energético y financiero: las medidas de eficiencia energética en instalaciones municipales – redes de alumbrado público led, autoconsumo fotovoltaico, gestión de contadores y climatización de edificios – suponen una reducción directa e inmediate de la factura energética de consistorio.
El dinero ahorrado en gasto corriente energético permite al ayuntamiento reasignar fondo hacia otras áreas prioritarias de la gestión municipal, por ejemplo.
4) Cumplimiento del marco legal y normativo
Alineamiento con leyes estatales y autonómicas: la ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética y las normativas autonómicas imponen obligaciones progresivas a los municipios en materia de movilidad sostenible, mitigación y adaptación.
Seguridad jurídica: el PACES sirve como instrumento paraguas para articular y dar coherencia jurídica a otras herramientas de ordenación local como el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ordenanzas ambientales, planes de movilidad urbana sostenible (PMUS) o planes de emergencia municipal.
5) Gobernanza y participación ciudadana
La elaboración de PACES permite coordinar áreas municipales que habitualmente trabajan de forma independiente. Medio ambiente, urbanismo, obras, movilidad, servicios sociales y hacienda.
A través de procesos de participación ciudadana y foros con agentes locales, el PACES legitima las decisiones políticas antes cambios que afectan al espacio público a los hábitos urbanos.
Todas estas herramientas y metodologías prácticas se abordan en detalle en el curso Adaptación, Mitigación y Huella de Carbono Local del ISM, que comienza este miércoles 7 de octubre.
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Lo escribe: PAZ HERNÁNDEZ PACHECO
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