Las organizaciones ecologistas han expresado su satisfacción porque el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, se ha mostrado favorable a que España apoye la propuesta de un nuevo sistema de subasta de comercio de emisiones de CO2 en la Unión Europea, que se conoce como ‘backloading’, aunque han advertido de que la decisión final dependerá en buena medida de la postura del Ministerio de Economía, ya que el de Hacienda también está a favor y el de Industria, en contra. Así lo han manifestado a Europa Press los representantes de Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF al término de la reunión informal que cada mes y medio mantienen con el ministro Arias Cañete.

Respecto al encuentro, el secretario ejecutivo de WWF, Juan Carlos del Olmo, ha valorado la asistencia del ministro, del que ha dicho que va cumpliendo las convocatorias a «raja-tabla» aunque no siempre asista. Sobre los temas, ha indicado que han hablado sobre el backloading y que le han pedido que traslade al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la importancia de que España vote a favor en este sentido.

Además, le han expresado que la reforma energética aprobada por el Gobierno es un «paso atrás» porque penaliza las renovables y el autoconsumo y en materia de agua le han dicho que están en desacuerdo con la planificación hidrológica pendiente porque incorpora demandas tradicionales que no son compatibles con la Directiva comunitaria de aguas, como nuevos embalses y aumentar las hectáreas de regadío, al tiempo que le han reprochado que el plan hidrológico del Guadalquivir incluya el dragado del río.

En cuanto a la ley de Montes, los ecologistas señalan que el ministro les ha garantizado que no contempla la venta de montes públicos pero le han manifestado que no están de acuerdo con modificar esta ley.

Por otro lado, han agradecido que el ministro les haya conseguido, tal y como les prometió, una reunión con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que se producirá este mismo jueves, y en la que le pedirán que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal exima a las organizaciones medioambientales del pago de tasas, al igual que a otras asociaciones y que éstas puedan presentarse como acusación particular, porque con el nuevo proyecto, los ecologistas se quedarían fuera y no podrían denunciar, por ejemplo, casos como el del hotel El Algarrobico.

Reunión ayer de representantes de ONGs ecologistas en el MAGRAMA

Al mismo tiempo, han abordado el nuevo Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, que comenzará su proceso de evaluación ambiental estratégica y que en el reparto de las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) se incluyan criterios ambientales y fondos para la red Natura 2000 o la gestión de montes.

Para Del Olmo, el diálogo con Arias Cañete es «muy abierto» porque le gusta el debate, lo que no significa que logren influir o convencerle con sus argumentos y ha destacado, al igual que el director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, que está «tomando conciencia en muchos temas, sobre todo de cambio climático, que, al principio (de la legislatura) no le parecían relevantes».

«Tiene bastante claro el tema de cambio climático y le hemos dicho que España no se puede quedar atrás», ha apostillado Del Olmo, que cree que el ministro «ha cambiado» porque al principio les veía como oposición y ahora se ha dado cuenta de que «en algunos temas» los ecologistas son «su único aliado».

Rodríguez ha añadido que el ministro les ha dicho que no quieren trocear para facilitar la venta de la finca de La Almoraima que, a día de hoy, no tiene comprador. El responsable de Greenpeace, en este sentido, cree que Arias Cañete «no es muy partidario» a su venta y por ello está tratando de que ésta sea rentable.

Por su parte, la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ha celebrado que Arias Cañete haya hecho «de puente para facilitarles» la reunión con Gallardón con quien esperan debatir en vivo la Ley de Enjuiciamiento criminal con el objetivo de que las ONG ambientales puedan seguir defendiendo el medio ambiente «de todos».

Al mismo tiempo, ha agregado que le han solicitado al titular de Medio Ambiente que en la reforma de la Ley de Montes se extreme el «cuidado» para que no se reduzca el plazo de 30 años necesarios para cambiar el uso del suelo, a lo que Arias Cañete se ha mostrado «abierto a sugerencias».

Fuente: Ecoticias.